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La trabajadora social Erica Colón Ortega organizó una brigada de psicólogos, terapeutas y consejeros religiosos para reunirse con residentes de Dorado tras el devastador huracán María. Muchos de los que vivían allí habían perdido todas sus pertenencias después de que las inundaciones alcanzaron las casas situadas cerca del río. Mientras Colón Ortega trabajaba con las personas atendiendo sus pérdidas materiales, se enteró del costo emocional: sentimientos de desesperación, tristeza y angustia reinaban allí mientras cada cual luchaba por reconstruir su vida.
Ahora, a medida que aumentan los casos de COVID-19, las necesidades de salud mental en Dorado y en todo Puerto Rico están aumentando, advirtió la trabajadora social y otros expertos. Ella y otros colegas están tratando de ayudar, pero dicen que sus esfuerzos se quedan cortos porque como profesionales, no son reconocidos oficialmente como trabajadores de respuesta ante los desastres.
Puerto Rico tiene unos 6,000 trabajadores sociales licenciados trabajando en agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, según los estimados federales. Están encargados de ayudar a los más necesitados y vulnerables. Durante una crisis, coordinan viviendas temporales, ayudan a niños viviendo en condiciones peligrosas, distribuyen alimentos a los ancianos y conectan a las personas con asistencia legal.
También están entre los primeros en responder a los retos a la salud mental como la ansiedad, el insomnio, y hasta el estrés postraumático que surgen después de un desastre natural.
En Puerto Rico, hemos estado con las manos llenas desde 2017: el huracán Irma, seguido de María, los terremotos y luego el coronavirus, estos eventos han golpeado a las comunidades que ya estaban afectadas por una recesión que data de una década, además de recortes presupuestarios en los servicios públicos. En julio, la tormenta tropical Isaías trajo nuevas inundaciones a la Isla, un potente recordatorio del daño que el cambio climático puede causar aquí.
“En los últimos tres años, hemos tenido cuatro desastres”, dijo Colón Ortega. “Ante todo esto, nuestras vulnerabilidades emocionales han aumentado… Ahora, tenemos un problema colectivo de salud mental que se agrava con la carencia de recursos para cosas como el cuidado de los niños, el miedo a contagiarnos si salimos de la casa — somos muy afectuosos, muy familiares y solidarios aquí, pero realmente tenemos un problema de salud mental”.
El Center for Public Integrity, Columbia Journalism Investigations y otros medios, incluyendo al Centro de Periodismo Investigativo, condujeron una encuesta con profesionales que brindaron servicios de salud mental a sobrevivientes de los desastres naturales. Más de dos docenas de puertorriqueños respondieron al cuestionario y alrededor del 85 por ciento dijo que la respuesta de salud mental que vieron después del huracán María u otros desastres recientes fue “pobre” o “razonable”. Poco más de la mitad describió la disponibilidad y accesibilidad en general de los servicios de salud mental en su comunidad como “pobre”.
Los profesionales de salud mental, que también fueron encuestados, dijeron que están viendo más casos de ansiedad y depresión en todo Puerto Rico. Algunos indicaron que desean que los funcionarios de Gobierno se centren en establecer un plan de preparación para desastres que aborde las necesidades psicológicas a largo plazo que se presentan después de estos eventos.
Los trabajadores sociales en particular están presionando para formar parte de ese esfuerzo. Una nueva legislación propuesta en junio, solicitada por los trabajadores sociales, los reconocería como personal esencial en tiempos de crisis. La propuesta de ley establece que los empleadores den equipo de protección personal a estos trabajadores y que la profesión de trabajo social sea parte de los comités gubernamentales encargados de supervisar la respuesta a los desastres y la reconstrucción después de los huracanes. Pero la propuesta de ley murió en el Senado.
‘Situaciones tensas’
A los trabajadores sociales les preocupa que las comunidades que sufren múltiples traumas sufran las consecuencias de las limitaciones que ellas y ellos enfrentan para hacer su trabajo durante las crisis, como el COVID-19.
“Ahora estamos viendo situaciones en las que la gente está teniendo dificultades con el aislamiento que conlleva tener que quedarse en casa”, dijo Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, el cuerpo que regula a los trabajadores sociales aquí. “Estamos viendo problemas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica y abuso de ancianos. Como trabajadores sociales, somos los más capaces de atender estas situaciones y manejar estas situaciones tensas.”
Dos años antes de que María golpeara a la Isla, el ex-gobernador Alejandro García Padilla anunció que Puerto Rico tenía una deuda de $72 mil millones y que no había forma de pagarla. A este episodio, siguieron medidas de austeridad, aumento de los impuestos y recortes en los servicios sociales.
El Gobierno de Puerto Rico no ha logrado evitar que las personas migren a estados como Florida, Nueva York y Texas en busca de empleo. En 2016, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico advirtió que los bajos reembolsos de las aseguradoras y el aumento de gastos de operación estaban causando un éxodo masivo de miles de médicos de la Isla. María recrudeció esas tendencias: 130,000 personas abandonaron Puerto Rico entre julio de 2017 y julio de 2018, un año que incluye el huracán, según la Oficina del Censo. Muchos médicos estaban entre ese grupo, y siguen migrando.
“Pueden ir a un estado y cobrar mucho más por paciente”, dijo la Dra. Karen G. Martínez, directora del Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad de la Universidad de Puerto Rico. “Soy la presidenta del Departamento de Psiquiatría aquí … y este año, los seis residentes en la psiquiatría, todos se fueron a los Estados Unidos”.
El número de trabajadores sociales en la Isla también está disminuyendo, según el Colegio, pero no está claro si eso está impulsado por la migración o por falta de empleo.
Esto ocurre luego de que los desastres consecutivos debilitaran el sistema de cuidado de salud mental, según expertos y residentes. Más de 70 sobrevivientes de Puerto Rico compartieron sus experiencias con el Center for Public Integrity, Columbia Journalism Investigations y el Centro de Periodismo Investigativo, y cerca del 65% dijeron que estaban sintiendo desafíos emocionales que relacionaban con un desastre. En la mayoría de los casos, ese desastre fue el huracán María. Muchos dijeron que ahora la pandemia del coronavirus está aumentando su estrés, su ansiedad o depresión.
Eso ejerce una mayor carga sobre los psiquiatras, psicólogos y consejeros que se quedan en Puerto Rico y en otras personas, incluidos los trabajadores sociales, que tratan de coordinar el apoyo emocional.
Marieli Dávila, trabajadora social, dice que vio un aumento inmediato en nuevos pacientes en la clínica de salud mental en la que trabajaba después de María.
“Y sabemos que la respuesta del gobierno no va a ser perfecta, pero tampoco puede ser tan imperfecta”.
Marieli Dávila, trabajadora social
Dávila menciona que los fracasos sistémicos del gobierno federal después del huracán han empeorado la salud mental de los sobrevivientes. En 2018, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) detalló en un informe cómo la escasez de trabajadores, los problemas logísticos en la coordinación con el Gobierno de Puerto Rico y la falta de suministros, como generadores de energía, fueron factores que demostraron que la agencia no estaba preparada para responder adecuadamente.
“No hay… responsabilidad cuando se trata de enfrentar estos eventos”, dijo Dávila. “Y sabemos que la respuesta del Gobierno no va a ser perfecta, pero tampoco puede ser tan imperfecta”.
Dávila ve problemas similares ahora que el país enfrenta la propagación del COVID-19. Para sobrellevar esto, ella, junto a otros trabajadores sociales, decidieron responder a las necesidades de sus pacientes con la creación de una red alterna de cuidado a través de plataformas sociales, donde comparten información y materiales para ayudarse mutuamente y brindar asistencia.
“Nos movilizamos. Creamos un espacio donde podemos preguntarnos unos a otros: ‘Oye, ¿cuál es la línea directa de crisis?’ o ‘¿Cómo puedo hacer contacto con los deambulantes?'”, Dávila dijo. “La falta de designación como trabajador esencial no me impide hacer mi trabajo, pero limita el que las personas tengan los servicios que necesitan. ¿Cómo se va a trabajar con las necesidades de los envejecientes que en medio de esta pandemia no están recibiendo vistas – y no se pueden quedar toda la vida, hasta el día que mueran sin tener vistas por que hay un problema de contagio? Los profesionales del trabajo social podemos ayudar a hacer esos protocolos para que esas poblaciones sigan teniendo servicios y se respeten sus derechos civiles. ¿Pero si no somos parte de esos comités – en esos equipos, cómo vamos a ofrecer esas ayudas?”
Los trabajadores sociales aspiran a intentar de nuevo
López, presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, ayudó a redactar la propuesta de ley que habría reconocido a los trabajadores sociales como trabajadores esenciales en Puerto Rico. Sin eso, dijo, la profesión está desconectada del resto del sistema de salud pública de la Isla durante las emergencias.
La oficina de la Gobernadora no emitió comentarios para este reportaje y remitió las preguntas al Departamento de la Familia, que emplea a la mayoría de los trabajadores sociales en Puerto Rico. Esa agencia tampoco respondió.
López confiaba que la legislación fuera aprobada después de que el senador de mayoría, Miguel Romero Lugo, que representa a San Juan, presentara el proyecto en junio. Ahora, dijo, será reevaluada para la próxima sesión legislativa en enero.
Romero Lugo no respondió a las solicitudes de comentarios.
Lourdes Inoa Monegro, directora del Programa de Salud de la Mujer para Taller Salud, una organización sin fines de lucro en Loíza, dijo que la gente está haciendo todo lo posible para ayudar a sus comunidades.
Después de María, “Había gente en los techos. Muchas casas estuvieron bajo agua por dos semanas. Tuvimos que llevarles alimentos en lanchas”, dijo. Las personas pasaron seis meses sin electricidad.
Al ver la crisis de salud mental, Inoa Monegro reunió a trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales de la salud mental para organizar un festival para residentes de Loíza que promoviera la alegría y el bienestar. Los talleres se centraron en el el manejo y la superación del estrés. Alrededor de 80 personas asistieron y la mayoría continúan recibiendo tratamiento de salud mental, dijo.
“El Gobierno estaba ignorando por completo las necesidades mentales del público porque su enfoque se centra totalmente en el aspecto biomédico de la atención médica”, dijo. “Y es por eso que tienes trabajadores sociales diciendo que se sienten menospreciados y el proceso de tratar este trauma es subestimado.”