Este artículo se produjo en asociación con Columbia Journalism Investigations, el Center for Public Integrity y Type Investigations. La versión en español de este reportaje fue traducida por Univision Noticias.
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SMITHFIELD, Va. — Cuando las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999 destruyeron la casa de Betty Ricks, ella la reconstruyó. Varios años después, posó orgullosa para una fotografía navideña junto a su hija y su nieta en su nueva sala.
Luego, otra inundación — provocada por la tormenta tropical Ernesto en 2006 — destrozó su casa por segunda vez, dejando los muebles empapados y los electrodomésticos revueltos por todos lados.
“Todo se destruyó de nuevo”, dijo Ricks. Lo único que salvó fue la fotografía, esta vez manchada por el agua.
Después de esa tormenta, volvió a reconstruir su casa desde cero. Sin embargo, se produjeron más inundaciones.
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Trapped in harm’s way as climate disasters mount
Ahora, ella y algunos de sus vecinos de Great Spring Road, que viven a menos de 30 millas tierra adentro del lugar en el que la bahía de Chesapeake se abre al océano Atlántico, no ven otra salida a este peligroso ciclo que la de mudarse. Con una cifra cada vez mayor de comunidades en alto riesgo de sufrir catástrofes más frecuentes y peores, alimentadas por el cambio climático, los expertos advierten que muchos estadounidenses se encontrarán en una situación similar.
Pero la única manera de marcharse sin poner a nuevos compradores en la misma situación — o abandonar sus casas por completo — es solicitarle fondos para reubicación al gobierno federal.
Ricks y sus vecinos ya han pedido esa ayuda dos veces.
En ambas ocasiones, la solicitud fue denegada.
Columbia Journalism Investigations, en colaboración con el Center for Public Integrity y Type Investigations, investigó por un año la creciente necesidad de reubicación producto del cambio climático en todo Estados Unidos. La investigación reveló que existe poca ayuda gubernamental organizada para prevenir la pérdida de hogares y vidas ante una catástrofe — y que no existe un enfoque integral para ayudar a las personas a escapar de situaciones insostenibles como la de Ricks.
Desde hace décadas, el gobierno federal sabe que el cambio climático obligará a comunidades en Estados Unidos a reubicarse. Y la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno, brazo investigador del Congreso, recomendó en 2020 que el gobierno formara un “programa piloto de migración climática” para ayudar a las personas que quieran reubicarse debido al cambio climático — una recomendación que reiteró en marzo.
Pero a falta de un programa de este tipo, las comunidades de todo el país deben intentar reunir fondos de todas las agencias federales, mediante programas que no fueron diseñados para la crisis climática.
Eso deja a las personas en riesgo con la única posibilidad de valerse por sí mismas. Muchas no pueden.
Columbia Journalism Investigations y sus socios analizaron los datos de las declaraciones federales de catástrofe de las últimas tres décadas para identificar las comunidades que se han visto afectadas en repetidas ocasiones por grandes huracanes, inundaciones o incendios forestales, acontecimientos que el cambio climático está agravando.
El análisis reveló que docenas de comunidades de todo el país en los últimos años — y cientos en la última generación — se han visto afectadas por sucesivas catástrofes, desde California hasta Carolina del Norte, y desde el estado de Washington hasta Texas. Muchas se encuentran cerca de las costas del Atlántico, el Pacífico o el Golfo, pero los impactos también se sienten lejos de la costa, en Missouri, Dakota del Norte, Kentucky y otros lugares. Ninguna región del país ha quedado inmune.
Lo que une a estas comunidades afectadas es que suelen ser más vulnerables social y económicamente que otros lugares, según reveló el análisis.
Las personas de color constituyen más de la mitad de los residentes en los condados que han sufrido al menos tres desastres climáticos en los últimos cinco años. Estos condados también tienen un mayor porcentaje de residentes que tienen un dominio limitado del idioma inglés y de personas en situación de pobreza que el resto del país.
El gasto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en materia de preparación para catástrofes — que incluye dinero para ayudar a la gente a reubicarse — ya no logra satisfacer las necesidades, según los expertos. Y no está fluyendo de forma equitativa, indica el análisis de Columbia Journalism Investigations y sus socios.
Entre los condados más afectados, los lugares con mayor proporción de residentes de color que el promedio nacional recibieron alrededor de un 40% menos de fondos por persona. Se mantuvo una tendencia similar en las últimas tres décadas.
En conjunto, las conclusiones ponen de manifiesto cómo, ante las catástrofes provocadas por el clima, las comunidades de todo el país con mayor necesidad de ayuda gubernamental reciben menos — si es que reciben algo.
Estos retos afectan a un número elevado y creciente de personas. En 2018, la más reciente Evaluación Nacional del Clima del gobierno advirtió que más de 13 millones de personas en todo el país podrían tener que mudarse a finales de siglo debido al aumento del nivel del mar. Si se añaden los efectos de los huracanes, el desbordamiento de ríos y los incendios forestales, millones de personas más tendrán que buscar zonas más seguras del país — o quedarán atrapadas en condiciones perjudiciales y peligrosas.
Un ejemplo: Smithfield.
El nivel del mar en esta región de Hampton Roads está subiendo más rápido que en cualquier otra parte del litoral este. Además, la tierra en la costa de Virginia se está hundiendo lentamente, haciendo que las mareas altas empujen el agua cada vez más hacia el interior. A lo largo de la carretera Great Spring Road de Ricks, en medio de la llanura aluvial costera de la región, las fuertes lluvias repentinas pueden hacer que el agua suba hasta siete pies (cerca de dos metros) en sólo una hora, convirtiendo las calles en ríos.
Ricks ha sido rescatada en bote de su casa dos veces.
El primero de sus intentos infructuosos de mudarse a una zona más segura se produjo en 2010, cuando ella y sus vecinos solicitaron una adquisición federal a través del condado de Isle of Wight, donde se encuentra Smithfield. Durante décadas, la FEMA ha facilitado la adquisición de viviendas en zonas propensas a las inundaciones. Tras las adquisiciones, el gobierno derriba las estructuras, devolviendo el terreno a un espacio abierto para detener el ciclo de daños y pérdidas.
Sobre la solicitud de Ricks, un consultor de mitigación de riesgos atestiguó que la subvención "eliminaría la posibilidad de que otro propietario sufra la misma desgracia que la Sra. Ricks".
La agencia estatal denegó la solicitud de Ricks por razones desconocidas; según un funcionario, no se pudo localizar ninguna documentación que explicara la decisión.
En 2020, a raíz de más tormentas severas, funcionarios de Smithfield lo intentaron de nuevo. Solicitaron 920,240 dólares de financiación a la FEMA para adquirir y demoler la casa de Ricks y cuatro propiedades vecinas. El proyecto sería "100% efectivo en la prevención de la pérdida de propiedades y vidas debido a futuras inundaciones", decía la documentación de financiación de la ciudad.
La FEMA denegó la solicitud.
El dinero habría procedido del recién estrenado programa Construyendo Infraestructuras y Comunidades Resilientes (Building Resilient Infrastructure and Communities, en inglés) de la FEMA, que les asignó 500 millones de dólares a proyectos de preparación para catástrofes y cambio climático en todo el país. Pero Victoria Salinas, viceadministradora en funciones de la FEMA para la resiliencia, dijo que no había fondos suficientes para ayudar a Smithfield en 2020.
La ayuda se destinó en cambio a otras comunidades, como Menlo Park, California, donde el gobierno aportó 50 millones de dólares para proteger las viviendas y las empresas de Palo Alto y sus alrededores, el corazón de Silicon Valley. En todo el país, las solicitudes de ayuda superaron los 3,000 millones de dólares.
"Tuvimos un exceso de solicitudes", dijo Salinas. "Hay muchos proyectos buenos que necesitan financiación, y las comunidades quieren invertir en su resiliencia. Quieren asegurarse de que están a salvo hoy y lo estarán mañana. Sencillamente, no hay suficiente dinero en la calle para [financiarlas a todas]".
Ricks no ve salida alguna sin esa ayuda. Deja la televisión encendida en su habitación, atenta a los programas de noticias en busca de avisos sobre futuras tormentas. Guarda sus documentos importantes en bolsas de plástico en un baúl al pie de su cama, con la esperanza de que eso sea suficiente para salvarlos cuando su casa vuelva a inundarse.
Ante la intensificación de los peligros y la inacción del gobierno federal, hace una pregunta sin respuestas claras:
"¿Qué voy a hacer?"
No hay una ventanilla única para la reubicación debido al cambio climático
El gobierno federal sabe que el cambio climático desplazará a millones de personas, pero se ha demorado en responder a la creciente amenaza. Un informe de la Oficina del Inspector General de 2020 criticó los programas de la FEMA por considerarlos inadecuados. Otros informes y expertos le han pedido en repetidas ocasiones al Congreso que designe una agencia principal que supervise el complejo proceso de reubicación de las comunidades.
Sin embargo, ningún organismo o programa tiene la responsabilidad de ayudar a los estadounidenses a mudarse a zonas más seguras del país.
"No hay un programa de ventanilla única para esto", dijo Salinas. "Creo que ahora mismo lo único que ofrecemos son partes de ello".
Los estadounidenses vulnerables deben recorrer un laberinto burocrático, buscando financiación de programas de subvención repartidos entre múltiples agencias, como la FEMA, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura. Estos programas tienen un objetivo muy limitado: la FEMA puede comprar casas en zonas propensas a las inundaciones, por ejemplo, mientras que el HUD puede pagar nuevas infraestructuras. Ninguno fue diseñado específicamente para facilitar la reubicación de millones de personas.
El Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de la FEMA, por ejemplo, es la principal forma en que las comunidades reciben dinero del gobierno federal para la adquisición de viviendas. El programa, lanzado hace tres décadas para lidiar con las crecientes pérdidas por inundaciones en todo Estados Unidos, ha adquirido unas 50,000 propiedades en zonas propensas a las inundaciones con un costo de 3,400 millones de dólares. Pero esto sigue siendo apenas una fracción de lo que se necesitará en los próximos años.
En conjunto, dijo Salinas, la "mescolanza" existente de programas federales puede ayudar a las comunidades a reubicarse. Pero aprovecharlos es, en el mejor de los casos, difícil para las comunidades pequeñas y con pocos recursos que están en primera línea del cambio climático. A menudo, no cuentan con los recursos necesarios para solicitarlos.
"Lo que es realmente frustrante es que cada programa tiene diferentes requisitos y determinaciones de elegibilidad", dijo Kelly Main, directora ejecutiva de Buy-In Community Planning, una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades a solicitar adquisiciones. "El simple hecho de lograr pasar todas las diferentes determinaciones de elegibilidad para cada uno de esos programas, si tienes una plantilla de un solo trabajador en una pequeña ciudad en algún lugar de la Costa del Golfo, es extremadamente complicado".
Ése es el caso de Pauline Okitkun, una administradora tribal de la remota aldea de Kotlik, Alaska. A menudo trabaja hasta altas horas de la noche para conseguir subvenciones que permitan trasladar las viviendas de su comunidad, de unos 650 habitantes, a zonas más altas.
Las temperaturas en Alaska están aumentando más del doble de rápido que en el territorio continental de Estados Unidos, según la más reciente Evaluación Nacional del Clima. En julio de 2019, Anchorage, la ciudad más grande del estado — que se encuentra a apenas 375 millas al sur del Círculo Polar Ártico — registró una temperatura récord de 90 grados Fahrenheit. A medida que el permafrost de Alaska comienza a descongelarse, los hundimientos del terreno se han tragado casas y han destruido carreteras, puentes y otras infraestructuras, y la erosión ha carcomido las riberas. Muchas casas de Kotlik han quedado colgando abruptamente sobre el agua a medida que se desvanece el suelo bajo ellas.
El cambio climático también ha provocado inundaciones más intensas y frecuentes en algunas zonas de Alaska, como Kotlik, una comunidad ribereña cercana a la bahía de Pastol, en la parte occidental del estado. Okitkun recuerda una inundación especialmente intensa en 2013, cuando el agua y el hielo derribaron el tendido eléctrico, destrozaron las tuberías de alcantarillado, destruyeron las vías de evacuación y dañaron las viviendas de la aldea. Durante los días siguientes, fue difícil saber dónde terminaba el agua y dónde empezaba la tierra.
Ésa es cada vez más la nueva normalidad en la región. En 2018, Kotlik se inundó cinco veces en nueve meses, lo cual dejó las casas tambaleándose en una ribera que se está desmoronando. Al no existir viviendas seguras en las cercanías, algunos de los hogares restantes padecen condiciones de hacinamiento. En un caso, más de una docena de personas viven en una sola vivienda.
"Nuestros inviernos son más cortos. Son mucho más cálidos", dijo Okitkun. "El hielo es mucho más delgado".
El aumento de las inundaciones, la rápida erosión y el descongelamiento del permafrost fueron una llamada de atención para la comunidad. En 2018, el 82% de los residentes de Kotlik dijeron que apoyaban el traslado a terrenos más altos, según una encuesta local. En 2021, la aldea propuso planes para trasladar 21 viviendas — aproximadamente un sexto de la aldea — al sitio del antiguo aeropuerto de Kotlik, así como para reforzar el litoral, que se está erosionando rápidamente, con un costo estimado de al menos 20 millones de dólares. Pero conseguir el dinero ha sido una ardua batalla — una batalla que ha recaído en gran medida en Okitkun y en el Consorcio de Salud Tribal de Alaska, que ha ayudado a la aldea a solicitar subvenciones.
Esto es solo el comienzo. Aunque Kotlik ha priorizado la reubicación de las viviendas más amenazadas, el resto de la aldea también está considerando la posibilidad de trasladarse a un terreno más estable a medida que las condiciones se deterioran.
La experiencia de Okitkun pone de manifiesto los retos que enfrentan las comunidades vulnerables a la hora de solicitar ayuda al gobierno para su reubicación. Desde 2018, Kotlik ha solicitado casi dos docenas de subvenciones del HUD, la FEMA, la BIA y otros organismos. En marzo, el Departamento de Agricultura anunció que brindaría ayuda para que las aldeas de Alaska, incluida Kotlik, trasladaran sus edificios e infraestructuras lejos de las zonas propensas a las inundaciones. Pero aún no está claro el calendario de la ayuda, ni la cantidad de dinero que podría recibir Kotlik. Hasta ahora, la aldea ha conseguido 2.9 millones de dólares. Eso es menos de una quinta parte de lo que necesita. Casi la mitad de las solicitudes de ayuda de Kotlik han sido rechazadas.
A continuación se explica por qué los programas relacionados con el cambio climático o la mitigación de riesgos suelen perjudicar o excluir a las comunidades:
- En primer lugar, el gobierno somete las solicitudes de subvención a un análisis de costos y beneficios para determinar si los proyectos merecen recursos federales. Se trata de un gran obstáculo para los pequeños pueblos y aldeas de Alaska y otras partes de Estados Unidos, donde el número de personas afectadas suele ser reducido y el costo de las obras de infraestructura puede ser elevado. No hay acceso por carretera a Kotlik, por lo que el equipo y los materiales deben transportarse por avión o barco, lo cual aumenta considerablemente los costos.
- La financiación de determinados programas de subvenciones de la FEMA y el HUD se asigna en función de las estimaciones oficiales de los daños causados por las catástrofes declaradas por el gobierno federal. A pesar del historial de inundaciones en Kotlik, la zona en la que se encuentra sólo ha recibido una declaración presidencial de catástrofe en los últimos 50 años — en respuesta a la pandemia de COVID-19.
La definición gubernamental de catástrofe no reconoce ciertos peligros exacerbados por el cambio climático, como el descongelamiento del permafrost y la erosión.
Sin declaraciones oficiales de catástrofe, Kotlik no ha podido solicitar muchos programas de subvenciones federales.
Esto es un obstáculo común en Alaska. Según un informe de la GAO de 2003, casi 200 aldeas nativas de Alaska sufren inundaciones y erosión, pero no pueden acogerse a los programas federales que las ayudarían a adaptarse o recuperarse. Esta conclusión se reafirmó en dos informes posteriores de la GAO, en 2009 y 2022.
- Por último, los programas de subvenciones federales suelen exigirles a los municipios locales que paguen entre el 5% y el 50% del costo del proyecto. Esto es prohibitivo para muchas comunidades pequeñas — especialmente una aldea como Kotlik, donde la economía local no se basa principalmente en el dinero en efectivo y los residentes dependen de la pesca, la caza y la recolección tradicionales de subsistencia.
Kotlik no es el único sitio que padece estas dificultades.
En el estado de Washington, donde la subida del mar provoca repetidas inundaciones, al menos cuatro naciones tribales están buscando ayuda federal para apoyar los esfuerzos de reubicación, pero todavía necesitan millones de dólares para poder trasladarse.
En Colquitt, una pequeña comunidad de Georgia, el huracán Michael arrasó un parque de casas móviles en 2018. Los funcionarios le solicitaron dos veces a la FEMA la adquisición de viviendas y no recibieron ninguna ayuda.
En el condado de Horry, Carolina del Sur, una comunidad de clase trabajadora situada en la costa de Myrtle Beach, los residentes solicitaron un programa de adquisición financiado por el HUD, pero el proceso se ha alargado durante años, lo cual ha dejado atascados a los propietarios de viviendas.
El gobierno federal no tiene un registro exhaustivo de cuántas comunidades de todo el país han solicitado ayuda para la reubicación y no la han recibido. En agosto de 2021, Columbia Journalism Investigations y sus socios presentaron solicitudes de registros públicos ante la FEMA y el HUD, en busca de solicitudes de comunidades que pidieron ayuda y fueron rechazadas. Un año más tarde, a pesar de las reiteradas peticiones, la FEMA sólo proporcionó parte de la información y el HUD no facilitó ninguna documentación.
Dado que es tan difícil acceder a los programas de asistencia del gobierno, las comunidades a menudo se encuentran con que tienen que lidiar con las consecuencias de las catástrofes por sí mismas. En De Soto, Missouri, los residentes se resguardan en sus coches cuando llueve, preparados para evacuar rápidamente si el arroyo Joachim se desborda. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército recomendó la adquisición de unas 70 propiedades propensas a las inundaciones en 2019. Desde entonces, la ciudad ha solicitado dos veces la adquisición por parte de la FEMA, pero los funcionarios estatales y federales sólo aprobaron la financiación para una propiedad. El propietario decidió permanecer en su casa. Nadie en De Soto ha sido trasladado fuera de la zona de inundación.
Como no se vislumbra ayuda alguna, algunos residentes han vendido, con pérdidas, sus casas en zonas propensas a las inundaciones.
"Ahora mismo se están vendiendo en esta cuadra, pero se venden a 25 centavos por dólar", dijo Ken Slinger, un residente de De Soto que vive al otro lado de la calle del arroyo Joachim. Una adquisición federal le permitiría a él y a su esposa, Cindy, mudarse a una zona más segura, dijo. De otra manera, no pueden permitirse una vivienda comparable en las cercanías.
Los residentes que logran vender enfrentan una decisión emocional y moralmente tensa. Puede parecer su única opción, pero deja a los nuevos propietarios en una posición precaria.
"Si decidiéramos vender, no le venderíamos a nadie que tuviera niños pequeños. No le venderíamos a personas mayores", dijo Cindy Slinger. "Vendes tu casa en una llanura aluvial, y la vendes para que otra persona se instale en ella y se vea afectada".
A Okitkun, intentar que la comunidad de Kotlik esté en condiciones de trasladarse a un terreno más alto, la dejó exhausta. "Me afectó mucho", dijo. En febrero de 2021, dejó su trabajo como administradora tribal. Pero nadie más ocupó su lugar. Unos meses más tarde volvió nuevamente a su puesto, asumiendo el trabajo y el estrés.
Donde los muertos no permanecen enterrados
Mientras que aldeas nativas como Kotlik llevan años luchando por obtener ayudas del gobierno, muchas otras comunidades vulnerables de todo el país ni siquiera están en condiciones de solicitarlas.
La comunidad no incorporada de Ironton, en la parroquia de Plaquemines, Louisiana, fue fundada por antiguos esclavos a finales del siglo 19. Actualmente sigue siendo una comunidad compuesta casi en su totalidad por personas de raza negra. Muchos residentes son trabajadores de la refinería o jubilados. Todos tienen profundos lazos con Ironton.
Audrey Trufant Salvant, por ejemplo, es una irontoniana de quinta generación. "Mi familia ha estado ahí desde su fundación", dijo, "y tengo un amor muy arraigado por esta comunidad".
Pero, al igual que muchas pequeñas comunidades rurales de personas de color, Ironton ha sido ignorada por los programas federales de preparación para desastres. En las últimas tres décadas, 16 grandes huracanes han afectado la parroquia de Plaquemines, seis apenas en los últimos cinco años. Los habitantes de Ironton pueden recitar los nombres de las tormentas como si fueran vecinos: Katrina y Rita pasaron en 2005, Gustav y Ike en 2008, Isaac en 2012.
Esos huracanes y otros provocaron una afluencia de ayudas federales en toda la región. Entre 1989 y 2020, Louisiana recibió más de 3,100 millones de dólares en ayudas para la preparación para catástrofes a través de la FEMA, casi una quinta parte de los más de 18,000 millones de dólares que el gobierno ha destinado a estos programas en todo el país.
Pero Ironton ha recibido poca ayuda federal. Al ser un pueblo no incorporado, no hay gobierno local — ni alcalde, ni administrador municipal, ni consejo local — que defienda a los residentes.
Los habitantes de Ironton reconstruyeron el pueblo por su cuenta tras las inundaciones que provocaron Katrina e Isaac. En 2021, el huracán Ida asoló la comunidad una vez más. Los torrentes de agua desprendieron las casas de sus cimientos, tiraron los bancos de la iglesia local construida en 1880 y destruyeron el cementerio, donde están enterrados algunos de los residentes fundadores de Ironton — las primeros personas negras libres que vivieron en la comunidad.
"La tumba de mi madre está intacta", dijo el reverendo Haywood Johnson Jr., pastor de la iglesia. "Pero los ataúdes de mi tío y mi tía estaban flotando".
Ironton no es la única comunidad que no puede acceder a los programas de ayuda federal.
"Todos los administradores [de adquisiciones] con los que hemos hablado nos mencionan alguna comunidad que quiere adquisiciones y no ha podido hacerlo, pero no normalmente porque se lo hayan solicitado a la FEMA o al HUD y no hayan conseguido el dinero, sino porque no pueden solicitarlo", dijo A.R. Siders, un investigador de la Universidad de Delaware que estudia las catástrofes. "Simplemente no tienen ni el personal ni la capacidad para hacerlo".
En 2021, el Departamento de Gestión de Emergencias de Virginia realizó una encuesta en 40 comunidades con poblaciones vulnerables que identificó como de alto riesgo de catástrofes provocadas por el clima. En respuesta, los funcionarios locales expresaron su frustración y exasperación con el proceso de solicitud de subvenciones federales. Varios no tenían ni idea de que había subvenciones disponibles, y muchos dijeron que no tenían suficiente experiencia en la redacción de subvenciones, ni entendían qué eran los programas o cómo se suponía que funcionaban.
"No soy experto en programas de subvenciones", escribió un funcionario en su respuesta a la encuesta. "No puedo gestionar todas las tareas y solicitudes de subvención".
A menudo los obstáculos se derivan de las formas en que las comunidades han sido privadas de derechos durante mucho tiempo. Hasta finales de la década de 1960, por ejemplo, la parroquia de Plaquemines estuvo gobernada por Leander Pérez, un segregacionista acérrimo que les negó los servicios básicos a los pueblos de personas negras libres como Ironton. Hasta 1980, la ciudad no tuvo agua corriente.
"La tumba de mi madre está intacta. Pero los ataúdes de mi tío y mi tía estaban flotando".
El reverendo Haywood Johnson Jr.
No es de extrañar que comunidades históricamente marginadas como Ironton sean ahora las que más sufren las catástrofes provocadas por el clima, dijo Robert Bullard, profesor de planificación urbana y política medioambiental de la Universidad del Sur de Texas, quien es miembro del Consejo Asesor sobre Justicia Medioambiental de la Casa Blanca. En todo el país, dijo, estas comunidades reflejan la "huella racial del apartheid de infraestructuras" que ha persistido a lo largo de la historia de Estados Unidos.
"Ves esos mismos estados, esos mismos condados en los que hace 100 años había una discriminación racial", dijo Bullard. "Puedes ver cómo se desarrolla esto".
En Virginia, por ejemplo, los condados con una mayor proporción de residentes de raza negra tenían muchas más probabilidades de haber sufrido un mayor número de huracanes o inundaciones en los últimos 30 años. Eso es lo que indica un análisis realizado por Columbia Journalism Investigations y sus socios.
Los condados de Carolina del Norte con un mayor índice de pobreza, o con una mayor proporción de residentes de raza negra, también tenían más probabilidades de haber sufrido un mayor número de estas catástrofes. Y los condados de Texas con una mayor proporción de residentes negros o latinos tenían muchas más probabilidades de haber sufrido un mayor número de huracanes, inundaciones o incendios forestales.
Tras el paso del huracán Ida, algunos residentes de Ironton están considerando la posibilidad de aceptar una adquisición — no del gobierno, sino de una empresa privada contratada por el Puerto de la parroquia de Plaquemines, que quiere construir una línea de ferrocarril para trasladar contenedores de carga a través de la histórica ciudad. La decisión de vender o no es difícil, sobre todo en una comunidad con tantos lazos históricos con la zona. Pero al haber sido marginados durante tanto tiempo, algunos residentes de Ironton creen que aceptar la oferta y empezar de nuevo en otro lugar podría ser su única opción.
"Hemos sido los chivos expiatorios", dijo Salvant, que está decidido a no vender. "Nos llevamos la peor parte de la tormenta, asumimos todas las pérdidas, nuestras casas quedan destruidas. Cuando llegan los fondos federales, los utilizan en la parte norte de la parroquia, que apenas se vio afectada".
El presidente de la parroquia de Plaquemines, Kirk Lepine, no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.
Una retirada sin coordinación
El gobierno federal está reconociendo poco a poco que las comunidades vulnerables necesitan ayuda para alejarse del camino de las catástrofes provocadas por el clima. El histórico proyecto de ley de infraestructuras aprobado en noviembre de 2021 le otorga a la Oficina de Asuntos Indígenas 130 millones de dólares para "reubicación de comunidades" y 86 millones para "proyectos tribales de resiliencia y adaptación al cambio climático".
Sin embargo, esta financiación es mínima en comparación con los cientos de miles de millones de dólares que se necesitarán en las próximas décadas, para ayudar a millones de personas en todo el país a reubicarse.
Según un informe de la GAO de 2020, cada adquisición de la FEMA entre 2008 y 2014 le costó al gobierno federal un promedio de 136,000 dólares.
Pero el costo de no hacer nada puede aumentar rápidamente.
En las zonas propensas a las inundaciones, por ejemplo, el gobierno podría tener que otorgar repetidas rondas de ayuda para que los residentes se recuperen y reconstruyan, dijo Jeffrey Peterson, un ex funcionario de la Agencia de Protección Ambiental y miembro del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca durante la administración de Obama. La "inversión más inteligente", dijo, es que el gobierno adquiera las propiedades de los residentes — evitando así la necesidad de ayuda adicional.
"Podríamos terminar gastando 500,000 dólares en tu casa", dijo Peterson. "Comprémosla ahora por 250,000 dólares" y se evitaría el aumento de los costos.
Los esfuerzos de mitigación, como los diques, pueden retrasar la invasión de las aguas, pero también requieren grandes inversiones iniciales. E incluso así, sólo son una solución provisional, advierten Peterson y otros expertos.
"La protección de la mayor parte de nuestro litoral no tiene ningún sentido", dijo Solomon Hsiang, profesor de políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley. "Para gran parte del litoral estadounidense, la reubicación es probablemente lo más rentable".
Algunos legisladores federales han subrayado la necesidad de tomar más medidas.
"La migración climática ya está ocurriendo, y va a ser un tremendo desafío para los gobiernos de todo el mundo durante este siglo, si no trazamos rápidamente un nuevo rumbo para reducir las emisiones a escala global", dijo el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, que estuvo entre quienes solicitaron el informe de la GAO de 2020 donde se pidió la creación de un programa piloto de migración climática.
Pero la falta de voluntad de los políticos para reconocer plenamente el problema es un obstáculo clave para financiar los esfuerzos de reubicación, según las entrevistas con una docena de antiguos funcionarios federales.
"El riesgo climático de la gente no es algo que los políticos, que los funcionarios elegidos, que ni siquiera los funcionarios designados, o las personas que dirigen los diferentes organismos de los gobiernos en pueblos y ciudades de todo el país tengan muchas ganas de conocer y divulgar, en gran medida porque creen que no tienen el dinero para enfrentar los riesgos climáticos que podrían revelarse", dijo Harriet Tregoning, una ex funcionaria de alto nivel del HUD que ahora es directora de la New Urban Mobility Alliance, una coalición enfocada en el transporte urbano. "Y destacar el riesgo climático sin un plan para afrontar esos riesgos, lo ven como una receta para socavar la confianza de todos en el futuro de esa comunidad".
Alice Hill, que hasta mayo era la candidata del presidente Joe Biden para sustituir a Salinas como viceadministradora de resiliencia de la FEMA, es partidaria de desarrollar una política federal de reubicación. Pero hacerlo es "políticamente desagradable", escribió en su libro de 2019 Building a Resilient Tomorrow: How to Prepare for the Coming Climate Disruption (Construyendo un futuro resiliente: Cómo prepararse para las próximas perturbaciones climáticas).
La iniciativa más reciente para desarrollar un plan de reubicación climática se produjo en 2016, cuando el presidente Barack Obama creó un grupo de trabajo interinstitucional que elaboraría un marco para la "retirada controlada", un término que describe los proyectos de reubicación voluntarios y dirigidos por la comunidad. La administración Trump abandonó el proyecto después de apenas dos meses, y la administración Biden no lo ha relanzado.
Al indagar sobre esto, la Casa Blanca no abordó el tema directamente. Su Consejo de Calidad Ambiental proporcionó una lista de iniciativas para defender a las personas ante las catástrofes provocadas por el clima, de las cuales sólo unas pocas se referían a la reubicación, y ofreció una declaración de la presidenta Brenda Mallory.
"La verdad es que necesitamos una amplia gama de estrategias y soluciones — en todo el gobierno federal — para ayudar a las comunidades a protegerse de las catástrofes, a responder cuando éstas ocurren y, en algunos casos, a escapar del peligro", escribió. "Mediante una serie de grupos de trabajo interinstitucionales enfocados en las amenazas, estamos colaborando para hacer llegar las inversiones críticas a las comunidades más vulnerables, apoyar los esfuerzos liderados por las comunidades para protegerse de los desastres provocados por el clima, mejorar la información sobre el clima y los riesgos para las comunidades, mejorar las normas y códigos de construcción en todo el país y compartir las mejores prácticas y políticas".
Sin ninguna política federal de reubicación, científicos afirman que los estadounidenses ya se encuentran en una "retirada no controlada": las familias y los individuos están tomando cartas en el asunto y, sin ayuda del gobierno, están huyendo de las zonas vulnerables a los desastres provocados por el clima.
En Paradise, California, el Camp Fire de 2018, uno de los peores incendios forestales de la historia de California, quemó más de 13,000 estructuras — el 95% del pueblo. Murieron al menos 85 personas. Sarah Bates, residente desde hace mucho tiempo, perdió su casa y todo lo que había en ella: álbumes de fotos, todos sus muebles, la colección de discos que había recopilado durante sus 40 años como DJ de radio, la silla de ruedas eléctrica que necesitaba para desplazarse.
Tras el incendio, Bates pasó sus días en los refugios de la Cruz Roja y luego en un motel pagado por la FEMA. Sin embargo, tras los incendios forestales, la ayuda gubernamental se destina casi exclusivamente a la reconstrucción, no a la reubicación. La FEMA ofrece financiación para la mejora de jardines y viviendas que puedan mitigar los daños de los incendios, en lugar de alejar a la gente de las zonas más arriesgadas.
"No hay precedentes de adquisiciones gubernamentales debido a incendios forestales", dijo Robert Barker, un portavoz de la Región 9 de la FEMA, que incluye a California.
Algunos residentes de Paradise estaban muy conscientes de que los incendios forestales podían diezmar el pueblo. Una década antes, tres grandes incendios forestales dañaron o destruyeron casi 600 estructuras en el condado de Butte. Durante un incendio, dos rutas de evacuación quedaron bloqueadas por las llamas, dejando sólo una vía de escape. Los residentes se encontraron atrapados en enormes embotellamientos al intentar huir.
Eso dejó a Bates muy ansiosa, a la espera siempre de señales de un desastre inminente. Cada vez que oía el ruido de un avión en el exterior, dijo, dejaba todo lo que estaba haciendo para salir a ver si se dirigía a combatir un incendio forestal cercano.
Tras el Camp Fire, decidió que no podía quedarse más tiempo. Al principio se trasladó a Carolina del Norte antes de establecerse en el centro de Virginia, financiando la mudanza por su cuenta. Para cruzar el país, pasó tres días en trenes y autobuses, y luego le pidió a un amigo un aventón entre Nashville y Carolina del Norte. Una vez que llegó a la Costa Este, tuvo dificultades para encontrar una vivienda asequible.
"Todavía hay gente que no tiene vivienda, incluso ahora", dijo Bates. "Y me resulta inexplicable que el gobierno no haya encontrado qué hacer para ayudarlos a reubicarse en un nuevo hogar después de tres años".
Otros miles de supervivientes de los incendios forestales también se están reubicando por su cuenta. Más de 14,000 personas se mudaron de Paradise tras el Camp Fire, según Peter Hansen y Jacquelyn Chase, investigadores de la Universidad Estatal de California en Chico, que analizaron los datos de cambios de dirección para trazar un mapa de la migración en todo el país. Más de 4,000 personas abandonaron el condado de Butte y más de 2,600 abandonaron California por completo, trasladándose a Oregon, Indiana, Tennessee y otros estados, según el análisis.
El desplazamiento de las personas fuera de las comunidades locales puede dejar a las ciudades y regiones vacías, con menos recursos para los residentes y las empresas que se queden. Pero aunque la reubicación de las comunidades pueda ser políticamente impopular, los expertos dicen que los funcionarios públicos no pueden seguir ignorando la necesidad de tomar medidas.
"Ante la ausencia de una retirada coordinada habrá una retirada no controlada", dijo Anna Weber, analista de políticas del Natural Resources Defense Council. "No es que no va a producirse ninguna retirada".
En abril, Valerie Butler, miembro del Consejo Municipal de Smithfield y una de las vecinas de Betty Ricks, les envió un correo electrónico al administrador municipal y a sus colegas del consejo. En él, instó a sus colegas a no cejar en sus esfuerzos por obtener ayudas federales para la reubicación.
"Sé que el proceso burocrático puede ser abrumador", escribió Butler. Pero Smithfield enfrentaba otra temporada de huracanes, y los residentes estaban asustados. "¿Se imaginan", escribió, "estar en sus casas, un lugar de protección y seguridad, cuando cada vez que llueve sus hijos les preguntan: '¿va a tener que venir el bote a buscarnos?' Eso es desgarrador. Resolver esta situación debe ser una prioridad".
Las asistentes de investigación del CJI Gabriela Alcalde y Samantha McCabe contribuyeron a este artículo. Carolynne Hultquist, investigadora de catástrofes del Centro para la Red Internacional de Información sobre Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, contribuyó al análisis de los datos.
Julia Shipley, Alex Lubben, Zak Cassel y Olga Loginova son becarios de cobertura informativa de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Columbia Journalism School. El Center for Public Integrity y Type Investigations, dos redacciones de investigación sin fines de lucro, proporcionaron información, edición, verificación de datos y otros apoyos. El Fund for Investigative Journalism brindó financiación adicional para este artículo.
La versión en español de este reportaje fue traducida por Univision Noticias.