La traducción de este reportaje estuvo a cargo de Univision Noticias.

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ABERDEEN, Wash. — Cuando Edith Baltazar abrió en febrero la factura de impuestos sobre su propiedad, de inmediato se le quitaron las ganas de comerse los huevos que había preparado para almorzar con su hija. Su mente se puso a mil: ¿le quitarían su hogar si no podía pagar?

La hija lloró. La familia se encontraba ante una decisión muy difícil: pagar los impuestos sobre su propiedad o $2,000 en medicamentos para la diabetes. 

Los impuestos salieron ganando. 

“A veces tienes que elegir: pagar los impuestos a la propiedad en lugar de pagar la factura del agua o alguna otra cosa”, dijo Baltazar al recordar la estresante experiencia durante una entrevista realizada en julio. 

Los residentes de menores ingresos en el estado de Washington, donde vive Baltazar desde que se mudó de México en 1993, dedican casi 18% de sus ingresos anuales a pagar impuestos estatales y locales, mientras que los más ricos desembolsan un 3%. 

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Todos menos un puñado de estados obligan a los pobres a contribuir una proporción mayor de sus ingresos para pagar impuestos que la de sus residentes adinerados.  Economistas llaman a este enfoque “regresivo”. En el país, los que tienen menores ingresos dedican una proporción de su salario 54% mayor para pagar impuestos estatales y locales que los que tienen más ingresos, de acuerdo el  Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP, por sus siglas en inglés). 

Esas políticas tributarias golpean más duro a las comunidades de color. 

Los inmigrantes indocumentados contribuyen miles de millones de dólares en impuestos estatales y locales, de acuerdo con estimados del ITEP y otros grupos; sin embargo, no son elegibles para recibir muchos servicios o reembolsos financiados por impuestos. Estudios muestran que los asesores fiscales tienden a inflar las evaluaciones de propiedades de bajo costo, cuyos dueños son desproporcionadamente latinos y negros. Las facturas tributarias más elevadas incrementan las probabilidades de que ocurra lo que Baltazar temió: perder la vivienda.  

Todo esto significa que los sistemas tributarios estatales y locales que podrían contribuir a aliviar la creciente desigualdad económica en Estados Unidos están, en cambio, empeorando el problema. 

El sistema federal también incrementa la desigualdad, con vacíos legales que le otorgan exenciones fiscales masivas a las personas con un muy alto patrimonio. Pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) no obliga a los residentes de bajos ingresos a llevar la carga relativa más grande. La mayoría de los estados sí lo hace. 

“Le estamos pidiendo a la gente que financie programas gubernamentales incluso cuando no pueden cubrir sus necesidades básicas, como comer y tener un techo”, señaló vía correo electrónico Ariel Jurow Kleiman, un profesor asociado en la escuela de derecho Loyola, en Los Ángeles, experto en políticas y leyes tributarias. “Eso me parece profundamente injusto”.

Una razón clave: los impuestos a la venta y otros tipos de consumo. A diferencia del gobierno federal, casi todos los estados los recaudan. Gasta 50 dólares para comprarle ropa a tu hijo y pagarás el mismo impuesto que cualquier otra persona en tu área, sin importar el ingreso. Mientras más pobre seas, mayor será la proporción de tus recursos que se van en impuestos sobre las ventas. 

La principal herramienta que tienen los estados para contrarrestar eso es el impuesto sobre la renta. Pero algunos optan por gravar a todos a la misma tasa, en lugar de seguir el modelo federal que va aumentando con la escala de ingresos.

Algunos estados, como Washington, no recaudan impuestos sobre la renta del todo. Estos lugares, en especial, cuentan mucho con los impuestos sobre las ventas y otras fuentes de ingresos que hacen que la gente pobre contribuya más. 

La forma en la que un estado decide recaudar fondos tiene un impacto no solo en quien paga más sino también en cuántos ingresos genera para financiar servicios públicos. Los residentes pobres dedican un porcentaje más alto de sus ingresos para pagar impuestos y tarifas, que financian servicios estatales y locales, pero con frecuencia terminan con menos a cambio. Ese es a menudo el caso de fondos para las escuelas. 

En un estudio de 2018, el ITEP encontró que las estructuras tributarias varían ampliamente, incluso en estados con costos de vida y una composición demográfica similar. La organización clasificó a Washington como el estado con el sistema de impuestos más regresivo del país, por ejemplo; mientras que a su vecino, Oregón, lo catalogó como uno de los más equitativos. 

Sin un impuesto estatal sobre la renta, el promedio de impuestos estatal y local de más de 9% que tiene Washington está entre los más altos de la nación. Eso es lo que Baltazar enfrenta a diario. Cuando llegó el momento de pagar la primera cuota de sus impuestos sobre la propiedad, el presupuesto de la familia ya no podía estirarse más. 

Baltazar, su esposo Rafael y su hija Kary, ya adulta, habían perdido sus empleos a tiempo completo y no podían obtener beneficios por desempleo. Su marido, quien consiguió trabajo ocasional en una granja, estuvo tres meses sin insulina para que pudieran pagar el impuesto sobre la propiedad. Tuvo que depender de remedios caseros como té de Jamaica, así como de un pequeño suministro de pastillas de metmorfina para atender su diabetes tipo 2. Entretanto, desarrolló una dolorosa úlcera estomacal que lo llevó a dejar de trabajar. 

No es un misterio cómo los estados pueden hacer que sus sistemas tributarios sean más equitativos, aseguran analistas. 

“Un impuesto sobre la renta progresivo con múltiples tasas que van subiendo a medida que aumentan los ingresos es muy aburrido y no es nuevo, pero es realmente la única forma”, dijo Richard Auxier, un experto en política fiscal del Urban-Brookings Tax Policy Center. 

Pero introducir ese cambio no será fácil. Algunos estados han hecho todo lo posible para garantizar que los esfuerzos para gravar menos a los pobres y más a los ricos terminen fracasando.

¿Cómo llegamos aquí?

(Getty Images)

Algunas de las políticas fiscales estatales más regresivas de la actualidad se originaron durante la era de la Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil, cuando los gobiernos de los estados del sur tuvieron que comenzar a construir escuelas y brindar otros servicios financiados por el gobierno a personas que habían estado esclavizadas.

Las tasas impositivas casi se duplicaron en el sur entre 1860 y 1870. Según un documento de la Oficina Nacional de Investigación Económica, de 2019, los sureños blancos se resistieron violentamente a cambios en el código fiscal que podían redistribuir la riqueza creada a partir de la esclavitud, organizándose para intimidar a los políticos negros. Mayores ingresos fiscales en áreas “estuvieron fuertemente correlacionados con una mayor probabilidad de un ataque violento contra los políticos negros”, encontró el académico expero en economía, Trevon D. Logan.

En última instancia, esto condujo a la adopción de políticas fiscales que favorecían a los blancos. En 1890, Mississippi adoptó una nueva constitución con una disposición que exige los votos de una mayoría de tres quintos para aprobar la mayoría de los aumentos a los impuestos, lo que garantiza que los legisladores blancos pueden bloquear tales cambios incluso si son una minoría. En 1901, Alabama adoptó una nueva constitución con topes en los impuestos a la propiedad, que limitaba la cantidad de dinero que los propietarios blancos tendrían que contribuir para financiar las escuelas públicas negras.

Uno de los delegados de Mississippi, Marye Dabney, escribió unos años más tarde que el objetivo principal de la constitución de 1890 era “eliminar efectivamente de la esfera política del Estado al negro ignorante y antipatriótico”.

El código fiscal estatal no puede divorciarse de las leyes y prácticas “racistas, sexistas y clasistas” que impiden que grandes grupos de personas acumulen riqueza, señala Andy Nicholas, investigador principal del Washington State Budget & Policy Center.

Cuando el estado de Washington todavía era un territorio en 1864, el gobierno impuso un impuesto a los adultos chinos para disuadir a los trabajadores inmigrantes de establecerse en la zona. La medida fue anulada cinco años después. 

A principios de la década de 1930, la coalición de trabajadores urbanos y agricultores rurales del estado ayudó a aprobar una iniciativa electoral para reducir los impuestos sobre la propiedad y crear un impuesto sobre la renta personal con tasas que aumentaran con la escala de ingresos. La Corte Suprema de Washington la desechó en 1933 porque consideró que violaba la constitución del estado.

“Definitivamente eliminó una herramienta que podría haber estado allí y obligó a los legisladores a depender de los impuestos al consumo”, dijo Nicholas. El sistema tributario del estado no ha cambiado mucho desde entonces.

En el otro extremo del continuo se encuentra Oregón, que tiene un impuesto sobre la renta con tasas que aumentan a medida que aumentan los ingresos y es uno de los cinco estados sin impuesto sobre las ventas.

Juan Carlos Ordóñez (Cortesía de Juan Carlos Ordóñez)

Siempre que da charlas sobre política tributaria, Juan Carlos Ordóñez, del Center for Public Policy de Oregón, apunta a su estado vecino como ejemplo de lo que no se debe hacer.

La “situación en Washington es diametralmente opuesta y mucho peor para las personas de bajos ingresos”, señaló.

Aún así, dijo Ordóñez, la estructura fiscal de Oregón se considera solo “ligeramente progresiva”.

Los votantes del estado aprobaron una ola de disposiciones fiscales en las décadas de 1980 y 1990 que benefician en gran medida a las personas con más recursos, que son desproporcionadamente blancos. Eso es parte de una tendencia nacional que ganó fuerza a partir de la década de 1970.

“Después de las victorias del movimiento por los derechos civiles, existe esta reacción al sector público que está motivada, ciertamente en parte, por el racismo”, dijo Ordóñez. “Estamos como atrapados sufriendo las consecuencias de esas decisiones y la política equivocada que ve las inversiones públicas de una manera muy perjudicial”.

El peso desigual de
los impuestos a las ventas

(Getty Images)

En 2005, el entonces presidente George W. Bush recurrió a expertos para recomendar reformas al código fiscal federal. Un cambio que desaconsejaron: reemplazar el impuesto sobre la renta con un impuesto federal sobre las ventas. La carga, concluyó el panel, recaería sobre todo en los estadounidenses de ingresos bajos y medios.

El total de impuestos federales para una madre soltera de bajos ingresos con un hijo aumentaría más de ocho veces de $723 a $6,186 bajo dicho sistema, calculó el Departamento del Tesoro de EEUU en ese momento. 

No se llegó a adoptar una política nacional de impuestos sobre las ventas; pero, para ese entonces, casi todos los estados dependían de ese tipo de impuestos.

El primero, Mississippi, los introdujo en medio del desempleo masivo de la Gran Depresión. El gobernador de Mississippi, Mike Conner, quien más tarde fue descrito en un artículo de la revista Time como “sólidamente a favor de la supremacía blanca”, quería revertir un enorme déficit presupuestario y al mismo tiempo reducir los impuestos a la propiedad.

Louisiana, que creó su primer impuesto sobre las ventas varios años después, en 1938, tiene hoy la tasa combinada estatal y local de impuestos sobre las ventas más alta del país con un 9,55 %, según la Tax Foundation. Su índice de pobreza, por su parte, es 50% más alto que el promedio nacional.

La gran dependencia de Louisiana en los ingresos por impuestos sobre las ventas exacerba la brecha de riqueza entre familias blancas y negras, según un informe de 2021 del Louisiana Budget Project que utilizó datos de ITEP. Principalmente debido al impuesto sobre las ventas, los hogares negros allí pagan en impuestos la proporción más alta de sus ingresos, mientras que los hogares blancos desembolsan la más baja, encontró el estudio.

“No se equivoquen, las comunidades de bajos ingresos y de color de Louisiana están subsidiando impuestos más bajos para los hogares ricos y las corporaciones a través de nuestras altas tasas de impuestos sobre las ventas”, dijo Neva Butkus, analista de política estatal en ITEP.

Los problemas que los altos impuestos a las ventas causan a las familias de bajos ingresos no son solo financieros. Una madre en Alabama fue denunciada recientemente ante el Departamento de Recursos Humanos del estado, que incluye a los Servicios de Protección Infantil, por no enviar pañales a la guardería cuando no podía pagarlos, dijo Lindsay Gray, directora ejecutiva del banco de pañales Bundles of Hope en Birmingham, una organización sin fines de lucro. 

Los impuestos sobre las ventas estatales y locales combinados de Birmingham son incluso más altos que el promedio de Louisiana. Los que no tienen problemas económicos pueden pensar que los casi $5 del impuesto sobre las ventas de los $50 de los pañales no es mucho, “pero realmente impacta a una familia enormemente”, dijo Gray.

“Cuando las familias literalmente tienen $0, esos $5 una y otra vez realmente suman y pueden ser realmente devastadores”, dijo. “Cada 25 centavos y cada dólar cuentan cuando las familias viven en la pobreza”.  

¿Cuál es la vía para lograr
unos impuestos más equitativos?

(Getty Images)

Los gobiernos estatales y locales tienen principalmente dos herramientas para hacer que los impuestos sean más equitativos, dijo Jurow Kleiman de la facultad de derecho de Loyola: reducir los impuestos que pagan las personas de bajos ingresos a través de estructuras de impuestos sobre la renta más progresivas y mediante la transferencia de fondos a través de programas y reembolsos, como las versiones estatales del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo del IRS.

“Todo es parte del mayor costo de ser pobre”, dijo Jurow Kleiman sobre los impuestos que afectan más a las personas de bajos ingresos. “Pero en el caso de los impuestos, es un costo impuesto consciente e intencionalmente por los gobiernos, lo que en teoría significa que podemos hacer algo al respecto con relativa facilidad”.

Treinta y cuatro estados, además de Washington, D.C. y Puerto Rico, tienen esos tipos de créditos fiscales, aunque la mayoría son pequeños. Si bien los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir créditos fiscales federales por ingreso del trabajo, varios estados, incluidos California, Colorado y Maine, han ampliado su crédito fiscal para incluir a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos, independientemente de su estado migratorio.

Washington, D.C., hizo lo mismo este año y está ampliando su crédito para igualar el monto federal para el año fiscal 2026, algo que ningún otro estado ha hecho. Los funcionarios financiaron eso –y otras partidas presupuestarias para ayudar a los residentes de bajos ingresos–, al cambiar las tasas y los tramos del impuesto sobre la renta el año pasado. Ahora los que más ganan pagan una porción más grande de sus ingresos que el resto del distrito y no al revés, de acuerdo con el DC Fiscal Policy Institute.

“Solo digo que [esto] también mejora la equidad racial en nuestro código fiscal, porque los hogares en el extremo superior del espectro de ingresos, personas en ese 20% superior, son desproporcionadamente blancas”, dijo Erica Williams, directora ejecutiva del instituto. “Las personas que se encuentran entre el 20% y el 40% inferior son desproporcionadamente negras y morenas”.

Los principales líderes de algunos estados reconocen que sus normas fiscales son regresivas. El gobernador de Washington, Jay Inslee, “le ha recordado a la gente este hecho al promover políticas para hacer que nuestro sistema sea más equilibrado”, señaló el portavoz Mike Faulk en un correo electrónico.

A partir del próximo febrero, más de 400,000 habitantes de Washington serán elegibles para solicitar un nuevo Crédito Tributario para Familias Trabajadoras por un valor de hasta $1,200.

Asimismo, el año pasado, el estado promulgó un impuesto del 7% sobre el intercambio o la venta de bienes de capital, como acciones y bonos, cuyas ganancias excedan los $250,000. Los ingresos se destinarán a financiar el cuidado de niños y el aprendizaje temprano, si sobrevive una lucha legal en curso.

Pero algunos estados están yendo en la dirección contraria, al aprobar cambios en sus sistemas de impuestos que probablemente trasladarán una mayor parte de la carga a las personas de más bajos ingresos.

En lo que va del año, al menos 10 estados redujeron sus tasas de impuestos sobre la renta personal, en gran medida en formas que benefician a las personas de ingresos altos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

A view from above shows train tracks, the Chehalis River, warehouse, mountains and homes in Aberdeen, Washington.

Con la carga a cuestas

Una vista de Aberdeen, Washington, desde el puente del río Chehalis el 6 de julio de 2022. (Center for Public Integrity / Melissa Hellmann)

En Aberdeen, la comunidad bajo estrés financiero en la que vive Baltazar en Washington, los efectos de las decisiones estatales sobre cómo gravar y dónde gastar, y dónde no gastar, son visibles en todas partes.

A unas 80 millas al suroeste de Seattle, la otrora próspera industria maderera de Aberdeen comenzó a decaer a principios de la década de 1980, en medio de preocupaciones ambientales y una pérdida de demanda. Los salarios cayeron. De 2016 a 2020, la mediana del ingreso familiar en el condado de Grays Harbor fue $26,000 menos que la estatal. La tasa de pobreza era más de un 50% superior. Las tasas de suicidio también son elevadas.

En un día nublado y gris con lluvia intermitente a principios de julio, cuatro personas condujeron por el centro de la ciudad, señalando casas con fachadas desgastadas. Trabajan o se ofrecen como voluntarios con Firelands Workers Action, una organización de bienestar social que aboga por los trabajadores en este centro maderero de Washington.

“El estado de las viviendas enferma a mucha gente”, explicó la directora ejecutiva de la organización, Stina Janssen, mirando desde el asiento trasero junto a Baltazar. “Están llenas de moho... y es extremadamente caro calentarlas o enfriarlas”.

Pasaron junto a un campamento de personas sin hogar, con tiendas de campaña montadas junto a un campo con rocas. Al pasar sobre el río Chehalis, Baltazar comentó: “Mucha gente viene aquí y se quita la vida en este puente”.

Formada en 2019, Firelands Workers Action aboga por empleos bien remunerados, viviendas asequibles y acceso a cuidados médicos. Sus líderes piensan que un sistema de impuestos estatales que exija más a las personas de altos ingresos proporcionaría fondos para mejores viviendas, escuelas y recursos de salud mental, necesitados con desesperación en el condado. 

“No hay suficientes espacios para la comunidad, no hay suficientes recursos en la escuela para que puedan recibir consejería”, dijo Baltazar.

Cuando perdió su trabajo en un restaurante debido a una lesión en 2019, a Baltazar le costó encontrar otro puesto de tiempo completo. Mientras buscaba, se anotó como voluntaria en Firelands.

Un mes después de que le llegó la factura del impuesto sobre su propiedad, su suerte cambió. Consiguió un trabajo como organizadora de Firelands, y su esposo y su hija también hallaron nuevos empleos.

Aún así, el dinero no les suficiente. Con un sistema tributario más equitativo, dijo Baltazar, tal vez podría pagar las reparaciones de su casa y hacerse una mamografía. Quizás su condado podría obtener los recursos para construir un dique y reducir las inundaciones.

Es un alivio, al menos, tener nuevamente los recursos para comprar comida. Durante el difícil periodo que comenzó en 2020 y duró dos años, la familia debió recurrir por primera vez a un banco de alimentos. Ahora, cuando no está trabajando, Baltazar prepara un picnic de sándwiches y frutas para ver el atardecer con su esposo en el lago Quinault, 45 minutos al norte de su casa.

“Batallamos mucho en el pasado”, dijo, “y necesitamos disfrutar la vida”.

Melissa Hellmann, Maya Srikrishnan, Ashley Clarke y Joe Yerardi son reporteros del Center for Public Integrity, una redacción sin fines de lucro que investiga la desigualdad. 


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