Immigration

Published — November 1, 2019

Fallan en traer de vuelta a los muertos

Cientos de migrantes mueren cada año tratando de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos y miles aún no han sido devueltos a sus familias en América Central, donde pueden ser enterrados en cementerios como El Calvario en Quetzaltenango, Guatemala (Kristian Hernandez / Center for Public Integrity)

Los sistemas internacionales para identificar, repatriar a los migrantes que desaparecen o mueren en su viaje continúan fallando.

Esta historia fue reportada con el apoyo del Programa de Becas de Informes del Centro Pulitzer.

Introduction

QUETZALTENANGO, Guatemala — Cada semana, Wendy Griselda DeLeón Morales va a un cementerio en las colinas del sur de Guatemala y deja flores en la tumba de una mujer que puede o no ser su madre.

“Solo Dios sabe si esa es realmente ella”, dice Morales.

El cuerpo, supuestamente de Thelma Morales, de 41 años, ha estado enterrado desde octubre de 2016. Fue encontrado boca arriba en un campo cerca de la carretera estadounidense 83 en el sur de Texas, tres millas al norte del Río Grande. Un contrabandista había llevado a Thelma al otro lado de la frontera; su destino después de eso no está claro. Hubo pocas pistas además de una llamada confusa de una mujer que usaba el teléfono de Thelma.

“No creo que ella haya muerto”, dice Wendy Morales. “Nunca nos dejaron abrir su ataúd ni devolvieron ninguno de sus artículos personales.”

Para Morales y muchos otros, la ciencia podría proporcionar certeza. Una simple muestra del interior de su mejilla recolectaría las células necesarias para realizar una comparación de ADN computarizada que busca enlaces genéticos a una muestra tomada del cuerpo. Pero los sistemas establecidos para recuperar, identificar y devolver a los migrantes a sus países de origen están rotos, un fracaso cada vez más conmovedor a medida que los países latinoamericanos marcan el Día de los Muertos, una conmemoración de varios días de los difuntos

Más de 2 mil cuerpos no identificados, la mayoría de los cuales quedaron en pedazos después de ser devorados por buitres u otros animales salvajes, han sido recuperados al norte de la frontera entre México y Estados Unidos desde 1998, de acuerdo a un análisis de datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs), una base de datos en línea gratuita financiada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Al sur de la frontera, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de derechos de los migrantes han recolectado más de 4 mil muestras de ADN de familiares de los desaparecidos. Pero los puntos no están conectados, y las personas como Wendy Morales se preguntan si alguno de los cuerpos encontrados en el lado estadounidense podría ser el de sus seres queridos.

Hasta el momento, más de 600 migrantes han muerto en las Américas en 2019, el total más alto desde que la Organización Internacional para las Migraciones, parte de las Naciones Unidas, comenzó a rastrear muertes utilizando informes oficiales y de los medios de comunicación en 2014. La mitad pereció en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos, quizás la mayoría, de esos 300 cuerpos no serán identificados.

El cuerpo de una mujer encontrado el 1 de agosto de 2016 cerca de Sullivan, Texas que fue identificado como Thelma Morales, 41, de Esquipulas, Guatemala. (Kristian Hernandez / Center for Public Integrity)

“Actualmente estamos experimentando una crisis global de migrantes”, dice Kate Spradley, una antropóloga forense de la Universidad Estatal de Texas que lidera un esfuerzo internacional para identificar los restos de migrantes encontrados en la frontera. “Si Estados Unidos no puede encontrar una manera de comparar estos conjuntos de datos de ADN, no hay esperanza para el resto del mundo.”

Crisis humanitaria

Spradley es miembra de la Forensic Border Coalition, un consorcio transfronterizo formado en respuesta a lo que tanto la Unión Estadounidense de Libertades Civiles como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México han considerado una “crisis humanitaria” de muertes de migrantes en la frontera. Desde la década de 1990, el enfoque del gobierno de los EEUU con respecto a la seguridad fronteriza ha sido fortalecer los puntos de entrada poblados, empujando a los migrantes a rutas más remotas y traicioneras en Texas y Arizona.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU recibe miles de informes de migrantes desaparecidos cada año. Pero los funcionarios de CBP dicen que tienen pocos recursos y deben priorizar el rescate de personas vivas. Como resultado, la mayoría de los cuerpos o restos de migrantes en el sur de Texas, el tramo más mortal de la frontera desde 2014, son encontrados por ganaderos. Estos ganaderos pueden negar a los agentes federales el acceso a sus tierras para realizar búsquedas sin orden judicial.

Cuando se recupera un cuerpo, generalmente es enviado a un médico forense, donde se toma una muestra de ADN por mandato federal para su identificación. Pero los condados con problemas de liquidez en Texas a menudo contratan este trabajo a funerarias o patólogos independientes conocidos por enterrar a los migrantes en tumbas sin marcar sin el papeleo adecuado, según un artículo de 2016 escrito por Spradley en el Academic Forensic Pathology Journal.

Si por suerte se recupera un cuerpo con algún tipo de identificación, es responsabilidad del país de origen del migrante notificar a los familiares y ayudar a recolectar muestras de ADN de ellos para que coincidan con el fallecido. Sin embargo, con mayor frecuencia, los cuerpos son devueltos a las familias sin verificación genética. A veces se enteran de las muertes de sus seres queridos en los informes de noticias.

La administración de Trump no ayudó en nada cuando, en diciembre, se opuso al primer Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El pacto pidió la creación de bases de datos de ADN que podrían compartirse entre países con altas tasas de inmigración para ayudar a la identificación y repatriación de los muertos.

En una declaración en ese momento, la Misión de los Estados Unidos ante la ONU escribió: “Si bien Estados Unidos honra las contribuciones de los muchos inmigrantes que ayudaron a construir nuestra nación, no podemos apoyar un ‘Pacto’ o proceso que imponga o tenga el potencial de imponer pautas, estándares, expectativas o compromisos internacionales que podrían limitar nuestra capacidad de tomar decisiones en el mejor interés de nuestra nación y ciudadanos.”

Al sur de la frontera

Henry Pérez de San Marcos, Guatemala, se encuentra entre las aproximadamente 4 mil personas que han proporcionado muestras de ADN para tratar de determinar el destino de sus seres queridos. Pérez, de 35 años, ha estado buscando durante casi una década a su hermano menor, Luis; los dos hablaron por última vez en julio de 2010, cuando Luis, entonces de 21 años, llamó a Henry desde Reynosa, México, al otro lado del río desde McAllen, Texas. Había recorrido más de mil millas a pie y en autobús a través de algunas de las rutas de migrantes más peligrosas de México, controladas por los carteles de la droga.

En el teléfono de Reynosa, Luis sonaba extrañamente preocupado.

“Dijo que podía pasar semanas en una casa de seguridad esperando que lo pasaran de contrabando a través de la frontera, pero dejó de llamar, y no sabemos si llegó ese momento”, recordó Henry Pérez, con su mano temblando mientras tomaba una taza con té de canela caliente. “No estoy seguro de si alguna vez lo sabremos.”

Rodeando a Pérez en una pequeña cafetería de una iglesia se sentaron docenas de madres, esposas e hijos de otros migrantes desaparecidos de todo Guatemala, parte de una peregrinación anual para solicitar actualizaciones al consulado mexicano en Quetzaltenango. Algunos habían pasado más de 10 horas en un autobús para llegar allí.

Familiares y miembros de la a Fundación Para La Justicia y El Estado Democrático De Derecho se reúnen el 3 de diciembre de 2018 en el consulado mexicano de Quetzaltenango, Guatemala para una actualización anual del caso de su familiar desaparecido. (La Fundación Para La Justicia y El Estado Democrático de Derecho)

A la mañana siguiente, a las familias se unieron miembros de la Fundación Para La Justicia y El Estado Democrático De Derecho, una organización de derechos humanos que representa a los familiares de 93 migrantes desaparecidos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Juntos fueron al consulado, donde se reunieron con funcionarios estatales y las fuerzas del orden para obtener una actualización sobre la búsqueda de sus seres queridos. Pérez salió de la reunión de 12 horas sintiéndose agotado.

“Dijeron que habían estado trabajando en el caso de Luis, pero no tienen ninguna pista nueva,” dijo. “Es lo mismo que me han dicho cada año.”

“Honestamente, no estoy seguro de que siga vivo. Pero mi familia y yo necesitamos saber qué pasó para que podamos comenzar el proceso de duelo.”

Al norte de la frontera

Cada año, una caravana de voluntarios conduce al polvoriento pueblo de Falfurrias, Texas, para exhumar a los migrantes no identificados enterrados sin muestreo genético en el Cementerio del Sagrado Corazón, propiedad del Condado de Brooks. Dirigido por profesores de antropología de la Universidad Estatal de Texas y otras escuelas, el grupo ha exhumado los restos de más de 200 migrantes en los últimos cinco años.

Voluntarios antropólogos de universidades en Texas preparan una exhumación el 3 de enero de 2017 donde los restos de migrantes no identificados fueron sepultados sin prueba de ADN. (Kristian Hernandez / Center for Public Integrity)

Los voluntarios encuentran cadáveres enterrados en bolsas de basura, esparcidos por todo el cementerio en tumbas sin marcar, o apilados uno encima del otro dentro de cajas de pino endebles. Pero una investigación de 2014 realizada por los Rangers de Texas descubrió que las funerarias pagadas para enterrar los restos no violaron las leyes. Excavan cuidadosamente las tumbas a mano, revisando cada cubeta de tierra en busca de fragmentos óseos. En un laboratorio de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, los estudiantes recolectan ADN de los restos, los limpian y los catalogan como “John Doe” o “Jane Doe” mientras trabajan para confirmar sus nombres reales.

En octubre de 2018, Spradley y familiares de migrantes desaparecidos pidieron ayuda en una conferencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado. Funcionarios del FBI y CBP escucharon principalmente. Paula Wolff, jefa de la unidad de derecho de ciencias forenses del FBI, parecía simpatizar con las apelaciones de las familias y señaló: “Tanto como madre como representante del FBI, no puedo estar más de acuerdo contigo.”

“No creo que tengamos ningún desacuerdo con respecto al ‘qué’ se debe hacer,” dijo Wolff, quien supervisa el Sistema de Índice de ADN Combinado (CODIS por sus siglas en inglés), una base de datos que almacena muestras de ADN recolectadas por las agencias policiales de EEUU y que pueden ser usadas para realizar comparaciones masivas. “Los únicos problemas están trabajando a través del ‘cómo’ “se va a lograr.”

Paula Wolff, jefa de la unidad de derecho de ciencias forenses del FBI, lee su declaración el 5 de octubre de 2018 durante una session sobre migrantes desaparecidos celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado. (Comision Inter-Americana de Derechos Humanos)

En una declaración para este artículo un año después, el FBI dijo que había “trabajado con los asistentes a esa conferencia para facilitar el objetivo compartido de la identificación de restos humanos no ciudadanos de los EEUU recuperados en los Estados Unidos.” El buró dijo que se estaba moviendo para crear una “base de datos humanitaria independiente respaldada por CODIS poblada con datos genéticos de familiares migrantes desaparecidos con el fin de comparar esos datos con los registros de ADN de restos humanos recuperados en los Estados Unidos.”

El CODIS ya se puede utilizar para identificar a las personas desaparecidas, pero la Ley de Identificación de ADN de 1994 establece que todas las muestras genéticas deben tomarse en presencia de un agente de la ley para establecer una cadena de custodia y garantizar que la muestra se tomó con el consentimiento del miembro de la familia. El FBI está tratando de encontrar una solución a este obstáculo a medida que desarrolla la nueva base de datos.

En julio, el senador John Cornyn, republicano de Texas, introdujo la Ley de personas desaparecidas y restos no identificados, que exige subvenciones gubernamentales adicionales a los departamentos de antropología forense, incluido el de Spradley, y exige más recursos federales para la búsqueda y rescate de migrantes desaparecidos, muertos o vivos.

“Nuestras comunidades fronterizas han experimentado las consecuencias muy reales del traicionero viaje recorrido por muchos que buscan venir a este país,” dijo en un comunicado de prensa. A fines de octubre, el proyecto de ley seguía estancado en el Comité Judicial del Senado, donde una versión del mismo murió en 2018.

Conectando los puntos

Mercedes Doretti, una investigadora forense reconocida a nivel mundial que se especializa en identificar a los migrantes desaparecidos, dice que no hay nada especialmente complicado en compartir muestras de ADN en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mercedes Doretti, cofundadora del Grupo Forense argentino, lee su declaración durante la conferencia. (Comision Inter-Americana de Derechos Humanos)

“Ya hemos estado haciendo esta comparación y funciona”, dice ella. “Solo necesitamos expandirla.”

Doretti es cofundadora del Grupo Forense argentino, formado en 1984 para investigar el destino de las personas que habían sido “desaparecidas” por el antiguo régimen militar argentino. La organización sin fines de lucro está compuesta por antropólogos, patólogos, radiólogos, expertos en balística y arqueólogos.

A principios de la década 2000, el grupo comenzó a investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, al otro lado del río desde El Paso. Descubrieron que muchos de los muertos eran migrantes que habían desaparecido. Los miembros comenzaron a recolectar muestras de ADN de familias, y en 2010 encontraron un laboratorio privado en Arizona, Bode Technology Group, para procesarlas y catalogarlas. El laboratorio a menudo se contrae con el FBI y se utilizó para ayudar a identificar restos humanos recuperados de los restos del World Trade Center después de los ataques del 11 de septiembre.

Hasta la fecha, el laboratorio ha identificado los cuerpos de 206 migrantes recuperados en ambos lados de la frontera. Pero estas comparaciones se han hecho caso por caso. El laboratorio podría haber identificado a miles, en una fracción del tiempo, si hubiera tenido acceso a CODIS.

Doretti dijo que el equipo tiene los formularios de consentimiento y los medios para conectar las 4 mil muestras de ADN con las de CODIS. Pero CODIS se creó para resolver crímenes, dice, no para ayudar a identificar a los migrantes.

Si el FBI permitió comparaciones masivas, Doretti dice: “Podría ser un excelente ejemplo de cooperación forense internacional y ser un modelo para otros corredores de migrantes en todo el mundo.”

Rosmery Yax, abogada de la Fundación Para La Justicia en Guatemala, tiene menos esperanzas. En ausencia de un pacto global como el que la administración Trump se negó a firmar, dice, los funcionarios continuarán fallando a los familiares de los muertos.

“Estados Unidos y Guatemala tienen los recursos para ayudar a cerrar a estas familias, pero eligen no hacerlo”, dice Yax. “Solo usan esos recursos y siguen el protocolo cuando es un caso de alto perfil.”

En 2018, los cuerpos de 37 ciudadanos guatemaltecos que murieron en la frontera entre Estados Unidos y México fueron recuperados y repatriados, según la Oficina de Asuntos Exteriores de Guatemala. El mismo año, la oficina recibió nueve informes de migrantes desaparecidos, pero las autoridades sospechan que muchas muertes no han sido informadas.

Los funcionarios guatemaltecos no respondieron a las preguntas sobre los casos individuales mencionados en este artículo, pero emitieron una declaración que describe los procedimientos del país para identificar y repatriar los cuerpos de los migrantes. Incluyen notificar en persona a familiares de migrantes muertos y recolectar muestras de ADN para comparar.

Pero esos pasos a menudo se omiten.

Un sistema roto

Después de que un agente de la Patrulla Fronteriza de los EEUU disparó en la cabeza a Claudia Gómez González la mañana del 23 de mayo de 2018, las autoridades de los EEUU y Guatemala trabajaron rápidamente para identificar, analizar el ADN y repatriar el cuerpo de la migrante de 21 años.

Gilberto González visita la tumba de su hija todos los días. Claudia Gómez-Gonzáles, de 21 años, recibió un disparo en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en mayo de 2018 cerca de Río Grande, Texas. Las autoridades dicen que ella cruzó el país ilegalmente y que estaba tratando de evadir el arresto, los testigos dicen que se estaba escondiendo en un arbusto. Su cuerpo fue repatriado en junio y está enterrado al borde de un acantilado en su ciudad natal de San Juan-Ostuncalco. . (Kristian Hernandez / Center for Public Integrity)

Menos de 10 días después, su cuerpo regresó a la casa de su infancia en San Juan-Ostuncalco, Guatemala. “Tal vez sea porque sabían que todos estarían mirando,” dijo su padre, Gilberto González.

Cuando, según los informes, Davin Carreto, de 16 años, murió una semana después, la historia fue diferente.

Un cuerpo que supuestamente era el de Davin fue encontrado flotando en el Río Grande cerca de Laredo, Texas. Aunque él era del mismo pueblo que Claudia, tomó un mes para que sus restos fueran devueltos a su familia. La familia y el cuerpo nunca estuvieron vinculados genéticamente.

Lidia Carreto, la madre de Davin, dijo que las autoridades estadounidenses usaron una identificación con fotografía encontrada en el cuerpo para identificar a su hijo. Pero tales identificaciones no son confiables; para evitar ser detectados, los migrantes a veces llevan credenciales falsas o robadas.

Carreto, de 40 años, se enteró de la muerte de su hijo en línea. Lloró cuando vio la foto de Davin en un sitio de noticias local mientras veía Facebook en su teléfono.

Nadie le pidió muestras de ADN o registros personales, como un certificado de nacimiento, dijo, y el cuerpo fue devuelto a Guatemala en un cofre cerrado. Ella concluyó que era su hijo después de reconocer sus zapatillas de baloncesto, enviadas en una bolsa de plástico transparente.

“Eran negros con un borde rojo”, dijo Carreto. “Estoy segura de que eran suyos.”

Lidia Carreto, de 40 años, sostiene una foto enmarcada de su hijo Davin de 16 años, quien murió tratando de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos en junio de 2018 cerca de Laredo, Texas. Su cuerpo fue repatriado a su hogar en el valle de Agua Blanca en San Juan-Ostuncalco (Kristian Hernandez / Center for Public Integrity)

Wendy Morales está menos segura. Ella también se enteró de la presunta muerte de su madre en Facebook. A nadie en su familia le pidieron una muestra de ADN, dijo.

El cuerpo identificado como el de Thelma Morales fue encontrado seis días después de la confusa llamada telefónica de Texas. Los animales salvajes la habían alcanzado. La cara estaba irreconocible y las autoridades no podían tomar huellas digitales. Usaron ropa y otros artículos que encontraron en el cuerpo para identificarlo.

El cuerpo tardó dos meses en regresar a las colinas del sur de Guatemala. Tres años más tarde, Wendy todavía piensa en exhumar el cuerpo para realizar una comparación de ADN, pero su familia no la apoya.

“Tengo la sensación y un sueño recurrente de que todavía está viva”, dijo Wendy sobre su madre, “y me está pidiendo ayuda.”

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