Esta historia se produjo como parte de una colaboración con Univision, el Center for Public Integrity y USA TODAY.
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Un agente de seguridad escolar sacó a un alumno de tercer grado de una clase, lo llevó a un baño para empleados, cerró la puerta y lo regañó, diciéndole al aterrado estudiante que “dejara de llorar como una niña”.
¿Cuál fue su delito? Negarse a salir de la clase de arte tras una discusión con otro estudiante en su escuela primaria del noreste de Filadelfia.
Tras el incidente de 2017, las escuelas de Filadelfia emitieron un comunicado en el que reconocieron que la situación no se había manejado correctamente. Sin embargo, no es inusual un tenso encuentro con un agente en la escuela. A nivel nacional, casi 230,000 estudiantes fueron remitidos a las fuerzas del orden durante el curso escolar 2017-2018, lo cual ejemplifica por qué están aumentando los llamados a restringir la vigilancia policial en las escuelas.
“Hay algunos policías que no pueden evitarlo”, dijo el padre del niño, Isaac Gardner. “Te llevas a un niño de primaria al baño. Se supone que no debes hacer eso”.
Un análisis del Center for Public Integrity de los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos de los 50 estados, más el Distrito de Columbia y Puerto Rico, reveló que la vigilancia escolar afecta de forma desproporcionada a los estudiantes con discapacidades, a los niños negros y, en muchos estados, a los niños latinos y nativos americanos.
En todo el país, los estudiantes negros, como el hijo de Gardner, y los estudiantes con discapacidades fueron remitidos a las fuerzas del orden casi a una tasa dos veces mayor que su proporción de la población estudiantil general. En 19 estados, los estudiantes latinos fueron remitidos a las fuerzas del orden en tasas más altas que los estudiantes en general.
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Los centros escolares de algunos estados son mucho más propensos que otros a remitir a los alumnos a las fuerzas del orden, independientemente de su raza y su condición de discapacidad. Las escuelas de New Hampshire, Pensilvania, Virginia y Wisconsin, por ejemplo, lo hicieron a un ritmo que duplicó al menos el promedio nacional. Las repercusiones se propagan por las comunidades de las zonas urbanas, suburbanas y rurales por igual.
Las Escuelas Públicas del Condado de Lancaster, un distrito de tres escuelas en la remota región este de Virginia, tenían una tasa de remisión 17 veces superior al promedio nacional. En Filadelfia, uno de los 20 mayores distritos escolares del país, la tasa de remisión de todos los alumnos era siete veces superior al promedio nacional.
En 31 estados, así como en el Distrito de Columbia, los estudiantes negros fueron remitidos a las fuerzas del orden a una tasa más de dos veces superior a la de los estudiantes blancos, según el análisis del Center for Public Integrity.
Estas acentuadas disparidades se producen a pesar de los años de creciente presión sobre las escuelas para que dejen de utilizar la vigilancia policial contra los niños.
“Están criminalizando algunos comportamientos ordinarios de los estudiantes y definitivamente están remitiendo de forma desproporcionada a los estudiantes de color al sistema de justicia juvenil en lugar de disciplinarlos en la escuela”, dijo Maura McInerney, directora legal del Education Law Center, un grupo de defensoría legal de Pensilvania.
En 2017, un estudio nacional de la Universidad de California en Irvine, reveló que las tasas de arresto en el campus de niños menores de 15 años se incrementaron en las zonas en las que el gobierno federal facilitó subvenciones en 1999 para los oficiales asignados a escuelas, una respuesta al tiroteo masivo en la escuela secundaria Columbine. La financiación estaba disponible independientemente de si un distrito tenía problemas con la delincuencia o no, lo cual ayudó a los investigadores a determinar el impacto.
En el país, cerca de un cuarto de las remisiones a las fuerzas del orden llevaron a arrestos, de acuerdo con datos federales. Pero incluso si ese no es el caso, los estudiantes pueden recibir citaciones que los obliguen a comparecer ante los jueces u otros funcionarios del sistema judicial de menores. Los datos federales no especifican el motivo de las remisiones, o su desenlace.
En 2019, un estudiante de Vermont con una discapacidad que provoca dolor en los huesos fue sometido a la fuerza por un oficial de recursos escolares, como se conoce a los agentes de departamentos de la policía o agencias asignados a las escuelas. El incidente ocurrió después de que los educadores sospecharan, erróneamente, que el joven de 17 años tenía un cigarrillo electrónico.
El agente exigió registrar su mochila. El chico se opuso, utilizando un lenguaje grosero, y el agente le dijo que se estaba “comportando como un retrasado”. El agente empujó al estudiante al suelo, lo arrestó, lo esposó y lo dejó con los nudillos ensangrentados y las muñecas con moretones.
En Vermont, los estudiantes con discapacidades representaron el 48% de los estudiantes remitidos a las fuerzas del orden en el curso 2017-2018. Esa cifra es la más alta de todos los estados y más del doble de su proporción de la población estudiantil total.
“Son niños a quienes, tradicionalmente, los distritos escolares no han ayudado mucho”, dijo Diane Smith Howard, abogada administrativa de justicia penal y juvenil de la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. “No hacen un buen trabajo, los niños se portan mal y luego, en lugar de solucionar el problema, llaman a la policía”.
Tras el incidente de 2019, el muchacho faltó a clases durante una batalla de meses en el tribunal de menores por cargos de alteración del orden público y resistencia al arresto, cargos que se retiraron después de que la policía publicará los videos del incidente grabados con teléfonos celulares y cámaras corporales.
El adolescente finalmente se graduó en una escuela de adultos. El año pasado, un proceso de resolución con la ciudad y su distrito escolar, Maple Run Unified, exigió un pago de $30.000 dólares para el adolescente y capacitación para el agente. Pero un acuerdo de confidencialidad restringe el debate público sobre el caso.
Esta primavera, los abogados de derechos civiles enviaron una carta de protesta a los funcionarios de educación de Vermont tras descubrir que dos distritos escolares, uno de ellos Maple Run, había utilizado fondos de Medicaid destinados a estudiantes con discapacidades para contratar en su lugar a agentes de recursos escolares.
Décadas de vigilancia policial a los estudiantes
Las raíces de la policía escolar se remontan a 1948, cuando Los Ángeles formó una unidad de seguridad que se convirtió en un organismo policial escolar en todo el sentido de la palabra. En la década de 1950, Flint, Michigan, puso en las escuelas a agentes tomados de las fuerzas de la ciudad para que sirvieran de “enlaces” en una estrategia contra la delincuencia. Los tiroteos en las escuelas, incluyendo la masacre de Columbine en 1999, dieron como resultado una expansión de esta vigilancia policial. La “tolerancia cero” hacia las armas de fuego se convirtió en una represión del comportamiento de los niños.
Entre 2006 y 2018, la proporción de escuelas que reportan la presencia de uno o más agentes de seguridad en el lugar al menos una vez a la semana creció del 42% al 61%. Cuanto mayor es la matrícula escolar y la proporción de niños con derecho a almuerzos escolares gratuitos o a precios reducidos, más probabilidades tienen las escuelas de contar con seguridad, según un informe de 2020 de los departamentos de Educación y Justicia de Estados Unidos.
Se siguen facilitando fondos federales para las escuelas que quieran contratar policías. Debido al fantasma de los tiroteos en las escuelas, a muchos padres, personal y niños les gusta saber que hay un agente armado en el lugar. El estudio de la Universidad de California en Irvine reveló que los directores de las escuelas con más agentes reportaron un menor índice de incidentes delictivos. Pero con ese descenso aumentaron las probabilidades de que los niños acusados de mala conducta entrarán en contacto con alguien del sistema de justicia penal en lugar de con un director o decano de estudiantes.
El aumento de la indignación y la preocupación de que los niños de color sean objeto de estas prácticas han llevado a algunos distritos a retirar a la policía de las escuelas. La tendencia se aceleró después de que un policía de Minneapolis asesinara a George Floyd, un hombre negro, en 2020.
Algunos estados, sobre todo Virginia, también han tomado medidas para reducir drásticamente las remisiones de niños a las fuerzas del orden por incidentes menores.
Una investigación de 2015 del Center for Public Integrity identificó a Virginia como el estado con más remisiones en el curso escolar 2011-2012. La tasa de la mancomunidad, de unas 16 remisiones por cada 1,000 estudiantes, fue casi tres veces superior a la tasa nacional. La investigación reveló que estudiantes de secundaria de Virginia, algunos con discapacidades, fueron detenidos y acusados de delitos como agresión grave a la policía y obstrucción a la justicia.
En 2020, tras años de adoptar y rechazar múltiples reformas, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que convierte a Virginia en el primer estado que le prohíbe a la policía acusar a los estudiantes de alteración del orden público en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Los legisladores también eliminaron el lenguaje del código estatal que, según los educadores, contribuía a aumentar las remisiones porque muchos creían que los obligaba a denunciar cualquier posible delito, incluso una posible falta leve.
Las reformas entraron en vigor en julio de 2020. El Legal Aid Justice Center, con sede en Virginia, presionó durante años a los legisladores para que las promulgaran, elaborando informes que resaltaban las disparidades generalizadas en las tasas de remisión y catalogando historias de niños acusados de delitos por infracciones menores de las normas.
“Es un gran paso”, dijo Rachael Deane, directora legal del programa de justicia juvenil del Legal Aid Justice Center. “Pero sigo pensando que las piezas del rompecabezas que aún no están en su lugar [significan que continuará] el elevado número de remisiones de las escuelas a las fuerzas del orden”.
El análisis del Center for Public Integrity de los datos más recientes disponibles reveló que en 2017-2018, antes de que se aprobaran estas reformas, las escuelas de Virginia seguían reportando colectivamente los estudiantes a las fuerzas del orden al triple de la tasa nacional, superando a todos los demás estados. A nivel estatal, los estudiantes latinos fueron remitidos a las fuerzas del orden a más del doble de la tasa nacional.
Las escuelas del condado de Lancaster, que contaban con unos 1,160 alumnos ese año, tuvieron una tasa superior a la de cualquier otro distrito tradicional de Virginia, sólo por detrás de las pequeñas escuelas alternativas. Siguiendo las tendencias estatales y nacionales, los estudiantes negros y los estudiantes con discapacidades en el distrito constituyeron una parte desproporcionada de las remisiones.
También resulta sorprendente la focalización en los niños más pequeños. Los educadores remitieron estudiantes 65 veces desde la escuela secundaria básica de Lancaster, de apenas 396 alumnos, y 19 veces desde la escuela primaria, de tamaño similar, en comparación con 14 en la preparatoria de Lancaster.
El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Lancaster, Dan Russell, dijo que espera que esas cifras disminuyan ahora que la ley de Virginia ya no les exige a los educadores que le notifiquen todos los incidentes a la policía. El proceso a menudo no iba más allá de una “simple conversación” sobre “dos niños involucrados en juegos bruscos”, dijo. Si los agentes aíslan a los niños para hablar con ellos sobre un incidente, debe estar presente un administrador, dijo Russell.
También señaló que solo siete incidentes en el curso escolar 2017-2018 resultaron en una participación policial más seria, pero dijo que los registros escolares no indicaron por qué.
El ayudante del sheriff del condado de Lancaster, capitán Martin Shirilla, dijo que, si los educadores les notificaban un incidente, un agente de recursos escolares mantendría un registro “con fines estadísticos.”
Las investigaciones demuestran que esas primeras interacciones pueden tener efectos duraderos. Un estudio realizado en 2020 por la Universidad de Tulane y la Universidad de Washington, en el que se hace un seguimiento de los alumnos de las escuelas públicas de Seattle a lo largo del tiempo, reveló efectos persistentes de las interacciones con la policía en la escuela secundaria básica.
“Los encuestados negros que experimentan un contacto con la policía antes del octavo grado tienen once veces más probabilidades de ser arrestados cuando tienen 20 años que sus semejantes blancos”, descubrieron los investigadores.
‘El uso excesivo de las fuerzas del orden’
Con la llegada de los videos de teléfonos celulares, el público ha visto pruebas irrefutables de que algunos agentes lesionan o amenazan a los alumnos, incluso a algunos de apenas 5 años de edad. El Advancement Project, una organización de derechos civiles, documentó al menos 62 casos entre 2010 y 2018 en los que los policías fueron acusados de agredir a estudiantes.
Un video que se hizo viral este año muestra a dos agentes de policía del condado de Montgomery, Maryland, sermoneando a un lloroso estudiante de kindergarten al que habían sometido y esposado en 2020 después de que saliera de la escuela. Los agentes le gritaron incesantemente al niño, y uno de ellos dijo: “Es por esto que la gente tiene que golpear a sus hijos”.
Un video de baja calidad tomado con un teléfono celular en marzo de 2018 en una escuela secundaria en los suburbios de Minneapolis mostró los tensos momentos antes de que un agente de policía sacara su pistola paralizante para someter a un estudiante de secundaria de 14 años en aquel momento, enviándolo al hospital, después de que el agente de recursos escolares pidiera refuerzos. Los registros del Departamento de Policía de Burnsville indican que siete agentes “respondieron a un incidente de alteración del orden público”.
Sin embargo, no todos los incidentes son captados por las cámaras, ni siquiera en los registros federales.
Según datos federales, el distrito de Pittsburgh hizo 191 remisiones a las fuerzas del orden y tuvo cero arrestos durante el curso escolar 2017-2018. El distrito reconoce que esa cifra es inexacta debido a un error de introducción de datos.
Las escuelas y los distritos introducen sus propias cifras en la base de datos federal. Al existir decenas de miles de entidades de este tipo, es inevitable que ocurran algunos errores. Sin embargo, los datos son la única información detallada sobre la disciplina que cubre casi todas las escuelas públicas, y los expertos en el ámbito dicen que las marcadas disparidades que muestran son reales.
A comienzos de este año, el distrito de Pittsburgh formó el “Re-Imagine School Safety Task Force” para abordar el impacto sobre los estudiantes negros y los estudiantes con discapacidades. Una auditoría encargada por el distrito de siete años de datos del departamento de policía escolar reveló que, al menos un tercio de las veces, en los informes faltaba información clave, como la razón por la que los agentes fueron enviados a las escuelas, el lugar del incidente y el estado de discapacidad de los estudiantes. Ese mismo informe reveló que el 80% de los estudiantes detenidos eran negros.
“Necesitamos conversar honestamente sobre el papel que desempeñamos como adultos y cómo no protegemos y apoyamos a nuestros estudiantes de la forma que creemos que lo hacemos”, les dijo Devon Taliaferro, miembro del consejo escolar de Pittsburgh, a los administradores del distrito en junio durante una reunión sobre los datos de seguridad escolar.
Durante años, los defensores de los derechos civiles y de los discapacitados han presionado a las juntas escolares y a los legisladores estatales para que saquen a los agentes de policía de los campus, alegando que a menudo representan un riesgo para los estudiantes a quienes deben proteger.
“A los policías los entrenan para ser policías”, dijo Marilyn Mahusky, abogada del Disability Law Project de Vermont Legal Aid. “Acorde a su entrenamiento, exigen que cese el comportamiento, y si no, te acusan y te arrestan”.
En enero de 2018, dos semanas después de haber forcejeado con la policía de Fair Haven, Vermont, en el baño de su escuela secundaria, una angustiada estudiante se encontró en problemas nuevamente. Volvió a la escuela, infringiendo su suspensión en casa, y se negó a salir de la oficina del director. Esta vez, los agentes sometieron y detuvieron a la chica, quien posteriormente enfrentó cargos de agresión a las fuerzas del orden, alteración del orden público, invasión de propiedad y resistencia al arresto.
“De camino al hospital, la acusada declaró que quería que todos nos muriéramos, y que ella también quería morirse”, escribió un sargento del departamento de policía en una declaración jurada sobre el caso.
Mahusky fue uno de los defensores de la legislación estatal que les prohibiría a las escuelas contratar a agentes de seguridad escolar, llamados SRO (por sus siglas en inglés, School Resource Officer). El gobernador del estado, Phil Scott, alegó que los distritos escolares locales, y no los legisladores estatales, deberían tomar esa decisión.
Aunque el esfuerzo legislativo en Vermont fracasó, decenas de distritos escolares de todo el país han cancelado sus contratos con los departamentos de policía o han recortado sus presupuestos policiales, algunos tras identificar disparidades en las remisiones y los arrestos.
Dos de los mayores distritos del país, Chicago y Los Ángeles, recortaron sus presupuestos, el primero a la mitad y el segundo en casi un tercio. En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el 75% de todos los estudiantes remitidos a las fuerzas del orden son latinos, una proporción similar a la de la población estudiantil en general. En las escuelas públicas de Chicago, casi un tercio de los alumnos reportados son latinos, lo cual representa una proporción menor de su alumnado.
Los sistemas escolares de Minneapolis, Oakland, Portland, Oregón y Seattle les pusieron fin a sus acuerdos con las fuerzas del orden locales.
También ocurrieron cambios en lugares como Des Moines, Iowa, donde el consejo escolar le puso fin este invierno a un acuerdo de al menos dos décadas con el departamento de policía de la ciudad.
Durante el curso escolar 2017-2018, los datos federales muestran que los estudiantes negros representaron el 42% de todas las remisiones a las fuerzas del orden en el distrito, más del doble de su proporción de la población estudiantil.
Deborah VanVelzen, agente del departamento de policía de Des Moines, patrulló los pasillos de las escuelas del distrito durante 15 años antes de asumir una nueva función a finales de 2019 como coordinadora de servicios juveniles para el departamento de policía, supervisando los programas de tutoría y desvío de los jóvenes.
“No queremos enviar a los niños a los tribunales. Ése no es nuestro objetivo”, dijo VanVelzen.
Pero en su función actual, ha observado disparidades raciales en las remisiones a los tribunales.
“Están presentes, se pueden ver en comparación con la demografía de nuestra ciudad”, dijo VanVelzen. “Ya la gente había dicho que existían. Luego ves las estadísticas y dices: ‘OK, sí existen'”.
El distrito de Des Moines reconoce que los funcionarios escolares contribuyen a crear y mantener las disparidades. Eso significa que resolver el problema, allí y en otros lugares, requerirá de mucho más esfuerzo que la simple cancelación de un contrato con la policía.
“En la comunidad, da la impresión de que los SRO son el problema. Si fuera tan fácil, probablemente lo habríamos identificado hace mucho tiempo”, dijo Jake Troja, director de transformación del entorno escolar del distrito. “La cuestión es, sistemáticamente, el uso excesivo de las fuerzas del orden y la falta de preparación de nuestro sistema escolar para responder a las infracciones de las normas de seguridad y de la ley de forma equitativa”.
El patrón se repite en todo Iowa, donde los estudiantes negros fueron remitidos a las fuerzas del orden a una tasa cinco veces mayor que la de los estudiantes blancos. Los estudiantes con discapacidades fueron remitidos a una tasa dos veces mayor que la de la población estudiantil en general.
En los incidentes que involucran a alumnos con discapacidades, a menudo se les presta poca atención a los programas educativos individualizados del alumno y a los planes de intervención de comportamiento que se detallan en esos documentos, dijo Nathan Kirstein, abogado del personal de investigación y de niños de Disability Rights Iowa, una organización sin fines de lucro de asistencia y defensa jurídicas financiada con fondos federales. Kirstein ha representado a varias familias de niños menores de 10 años que fueron retenidos o detenidos por los agentes de policía después de haber tenido exabruptos en las aulas.
“¿Estaban en lugares donde tenían problemas de conducta? Sí”, dijo Kirstein. “¿Había necesidad de involucrar a la policía? No. Eso es un gran fracaso en múltiples niveles”.
Fijar límites
Los agentes de seguridad escolar son más eficaces cuando existen directrices o memorandos de entendimiento que estipulan que las escuelas no deben usarlos para las infracciones de conducta rutinarias, dijo VanVelzen, ex secretario nacional de la Asociación Nacional de Agentes de Recursos Escolares, un grupo profesional.
“Un oficial de recursos escolares genuino, adecuadamente entrenado y seleccionado hace lo correcto”, dijo VanVelzen. “El SRO no va a detener a los niños porque lleven una gorra. Eso no es un asunto legal”.
En 2014, durante la administración de Obama, los departamentos de Educación y Justicia de Estados Unidos publicaron unas directrices conjuntas cuyo propósito era garantizar que los estudiantes negros y latinos no fueran castigados injustamente en la escuela.
La administración de Trump anuló las directrices, alegando que hacían que las escuelas se rehusaran a castigar a los estudiantes por comportamientos indisciplinados o violentos por temor a las investigaciones federales por discriminación.
Al anunciar la decisión de revocarlas en diciembre de 2018, la ex Secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, citó preocupaciones por “los entornos escolares en los que las decisiones disciplinarias se basaban en la raza de un estudiante” y sostuvo que los distritos locales debían tomar la decisión final sobre las decisiones disciplinarias de los estudiantes.
Durante la administración de Obama, los índices de remisión de alumnos con discapacidades y de alumnos negros, hispanos y blancos descendieron, según el análisis del Center for Public Integrity.
Es demasiado pronto para saber si las disparidades raciales en la disciplina escolar aumentaron o disminuyeron durante la administración de Trump porque los datos del curso escolar 2017-2018 son los últimos disponibles.
En mayo, 23 fiscales generales estatales le escribieron al Secretario de Educación, Miguel Cardona, y al Fiscal General, Merrick Garland, pidiéndoles que volviera a expedir y reforzaran las directrices de la era Obama. Doce senadores demócratas, entre ellos el senador Alex Padilla de California, firmaron una carta solicitando medidas similares.
Catherine Lhamon, quien fungió como subsecretaria de Derechos Civiles durante la administración de Obama, se apreta a volver a ocupar ese cargo. Durante su audiencia de confirmación en julio, Lhamon dijo que ejercería presión para restablecer las directrices disciplinarias.
El Departamento de Educación no quiso que Suzanne Goldberg, la subsecretaria interina para los derechos civiles, diera una entrevista, alegando conflictos de agenda.
Los datos federales muestran que las disparidades disciplinarias también se dan en los estados y distritos que no tienen altas tasas de remisión.
La tasa de Alabama es una de las más bajas del país, según el análisis del Center for Public Integrity. Sin embargo, en el condado de Mobile, el mayor distrito del estado, la proporción de estudiantes negros y con discapacidades que fueron remitidos a las fuerzas del orden fue desproporcionadamente alta.
Los estudiantes con discapacidades representaron el 56% de todas las remisiones a las fuerzas del orden en el distrito, más del doble de su proporción de la población estudiantil. Los estudiantes negros representaron el 78% de las remisiones, pero menos de la mitad del alumnado. Las escuelas del condado de Mobile no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los defensores dijeron que a estos grupos de estudiantes a menudo se les castiga injustamente en todo el estado, el cual ha enfrentado críticas por su falta de requisitos de entrenamiento para los agentes de recursos escolares.
“Toda la [teoría] de los SRO se suponía que era para desarrollar la comunidad y mantener a los niños seguros dentro de las escuelas. Y en cambio, es un lugar más para que apliquen la vigilancia policial con impunidad”, dijo Jenny Ryan, abogada de la Children’s Rights Law Clinic de la Universidad de Alabama.
El pasado mes de junio, mientras otros grandes distritos urbanos reducían sus compromisos con la policía escolar, Filadelfia rebautizó a sus agentes de policía como agentes de seguridad y decidió que ya no patrullarán los pasillos de las escuelas. La medida forma parte de una iniciativa de años para transformar la fuerza policial y mejorar las interacciones entre los agentes y los estudiantes.
Un programa de desvío implementado hace seis años ha reducido el número de arrestos en las escuelas en un 84%, según el distrito. Y en 2014, el distrito les ordenó a los agentes escolares que dejaran de responder a las llamadas internas relacionadas con faltas leves de los estudiantes, como la insubordinación.
Eso debería haber evitado el incidente en la escuela primaria Solis-Cohen, cuando el agente sacó al alumno de tercer grado de la clase en 2017. Pero no fue así.
Y los cambios en Filadelfia no detuvieron las disparidades raciales en las remisiones a las fuerzas del orden, según los datos del curso 2017-2018.
Aproximadamente la mitad de los estudiantes del distrito son negros. Sin embargo, los estudiantes negros representaron casi tres cuartas partes de quienes fueron remitidos a las fuerzas del orden en Filadelfia durante ese año escolar.
“Lo que vemos es esta tendencia de seguir teniendo más arrestos, más remisiones de los estudiantes negros”, dijo McInerney, del Education Law Center. “Así que se trata de mucha disciplina excluyente, lo cual afecta de forma desproporcionada a los estudiantes negros e impacta de forma negativa en su educación”.
El distrito escolar de Filadelfia se negó a que alguno de sus funcionarios concediera una entrevista. La portavoz Monica Lewis envió un comunicado que decía: “Nuestros agentes de seguridad escolar se esfuerzan por brindar un entorno de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal”. Lewis añadió que los funcionarios revisaron el incidente de la Escuela Primaria Solis-Cohen y “creen que se manejó adecuadamente”, pero no quiso aclarar si se refería a las acciones del agente, las cuales el distrito escolar había criticado previamente, o a la respuesta del distrito.
En 2017, mientras las escuelas de Filadelfia intentaban resolver el asunto en Solis-Cohen, los líderes del distrito reclutaron a Isaac Gardner, el padre del niño de tercer grado, para que ayudara con una revisión de las prácticas de los agentes de la policía escolar. Pero esa invitación fue lo último que Gardner supo sobre la iniciativa.
“Nunca tuvieron planes de hacer algo así”, dijo Gardner. “Porque nunca pasó nada”.
Univision tradujo la versión en español de este artículo.